BANCA
La venta del Popular por un euro cumple dos años avalada por los jueces españoles
EFE | Dos
años después de la resolución del Banco Popular y su venta al
Santander, avalada en los últimos meses por los tribunales, la batalla
judicial continúa para los antiguos gestores de la entidad, más cerca de
rendir cuentas ante la Audiencia Nacional.
Aquel 7 de junio de
2017, la Junta Única de Resolución (JUR) instó al Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a que liquidara el banco y
procediera a amortizar sus acciones a cero, después de que el Banco
Central Europeo (BCE) certificara los problemas de viabilidad de la
entidad, castigada por la fuga de depósitos del mes anterior, cuando
llegó a perder 2.085 millones en sólo cuatro días. A las puertas de su segundo aniversario, las sombras
sobre el destino del Popular parecen haberse esclarecido, al menos en lo
que respecta a su compra a precio de saldo por el grupo de Ana Botín.
"De
no haberse producido, el Popular hubiera sido liquidado con gravísimos
perjuicios no sólo para los accionistas y clientes, sino también para la
Administración al tenerse que hacer cargo de las pérdidas", sentenció
la Audiencia Nacional en abril, cuando levantó la imputación al
Santander para desconcierto de las acusaciones.
La
Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, la misma que juzga el que para
muchos es la causa espejo del Popular, la salida a Bolsa de Bankia,
libraba así al Santander -que continúa figurando como posible
responsable civil- de enfrentarse a un severo castigo, al estimar su
recurso contra la decisión del juez José Luis Calama de incorporarlo
como investigado en calidad de heredero.
En contra del
criterio de la Fiscalía Anticorrupción y del centenar de perjudicados
personados, los magistrados entendieron que "en ningún caso" se había
producido un enriquecimiento injusto del Santander, ya que "tuvo en
cuenta su valoración económica en el momento de la compra por un euro,
pero después inyectó capital".Argumentos similares se
suceden en la vía civil, donde cada vez más juzgados descartan que tras
la operación subyaciera cualquier otro interés que no fuera
salvaguardar la estabilidad financiera.
Pese a ello,
se mantienen en la lucha los accionistas y tenedores de deuda
subordinada del Popular, que desde junio de 2017 hasta finales de 2018
han completado su ofensiva con más de 1.000 reclamaciones por
responsabilidad patrimonial contra el Estado por el papel del FROB,
fondo de rescate español, en la resolución.Un número
de procedimientos "destacable", según la última memoria del organismo,
que cifra en 262 los recursos contenciosos-administrativos, todos
suspendidos hasta que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) se
pronuncie sobre el proceso.
Si bien estos
"contenciosos" abrieron la ofensiva legal de los inversores, que
llegaron a solicitar sin éxito que la resolución se suspendiera de forma
urgente, las demandas se han consolidado como el camino más rápido para
que quienes no acudieron a la ventana extrajudicial abierta por el
Santander puedan recuperar su dinero. No obstante, un
porcentaje elevado de accionistas confía en que pronto haya novedades en
la investigación a las dos últimas cúpulas del Popular que instruye el
juez Calama.
Iniciada en octubre de 2017, la causa,
compuesta de dos piezas separadas, continúa a la espera de que
comparezcan los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho,
sus respectivos consejos de administración así como el socio auditor de
PwC, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración
desleal y apropiación indebida, entre otros.
La
primera parte de las pesquisas gira en torno a la ampliación de capital
de 2016, de la que debería responder Ron, en tanto que la segunda versa
sobre una posible manipulación del mercado con la publicación de datos e
información presuntamente falsos para hacer caer el valor de los
títulos, ya con Saracho al frente.
A diferencia de
hace un año, las partes consultadas por Efe son optimistas, máxime
después de que el pasado abril los peritos judiciales cedidos por el
Banco de España aportaran su informe tras una larga demora.En
el documento, los expertos rechazaban que el Popular fuera inviable en
la ampliación de capital pues "a diciembre de 2016, su patrimonio neto
era de 11.088 millones" y generaba beneficios antes de provisiones por
importe de 1.150 millones, aunque advertían de que las cuentas del
folleto "no respetaban determinados aspectos de la normativa".
Más
contundente se había mostrado tiempo antes la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV), que en octubre de 2018 abrió expediente por
infracción "muy grave" al equipo de Ron por "aspectos" relativos a las
cuentas anuales de 2016. A pesar de que el expediente
se encuentra suspendido, no han faltado las críticas de Ron al
organismo, al que acusa de desplegar una maniobra de "clara
autoprotección".Lejos de limitarse a la CNMV, la
contienda del que fuera presidente del Popular se extiende a su sucesor,
con el que ya ha protagonizado algún desencuentro, como se vio en la
comisión del Congreso sobre la crisis financiera el pasado julio.
Morbo
al margen, aquel choque dialéctico entre Ron y Saracho se antoja el
aperitivo de lo que podría ocurrir en la Audiencia Nacional, a la que
las acusaciones piden que aproveche este aniversario para decretar la
primera tanda de declaraciones.