El PP acusa a la Xunta de retener hasta después de las municipales notificaciones que deniegan ayudas para rehabilitar viviendas

Vivenda dice que tramita con "total normalidad" las ayudas y requerimientos por impago

La portavoz de vivienda del Grupo Parlamentario Popular de Galicia, Pilar Rojo, señaló que la Xunta mantiene paralizadas y pendientes de enviar hasta después de las elecciones municipales del domingo "centos de notificacións oficiais" en las que deniega la concesión de ayudas solicitadas por particulares para la rehabilitación de viviendas y otro tipo de actuaciones, con objeto de no sufrir un "desgaste electoral". Así mismo, Rojo denunció que la consellería de Vivenda e Solo cursó instrucciones para paralizar, hasta después de la jornada electoral de pasado mañana, el envío postal de requerimientos por el impago a ocupantes "de grupos enteiros de vivendas de promoción pública", afirmó. La diputada 'popular' insitió, en rueda de prensa, en que dos años después de producido el cambio de Gobierno en la Xunta, el balance de la Consellería de Vivenda es "desolador", algo que, en su opinión, explica que la pasada semana la Administración anunciase como un logro la apertura de 43 expedientes sancionadores a adjudicatarios de viviendas protegidas en la provincia de Ourense, por considerar que no se estaban utilizando como vivienda habitual. La portavoz del PPdeG aseguró que el anterior Ejecutivo gallego incoó numerosos expedientes de ese tipo, aunque matizó que no se les dio publicidad por entender que la exigencia del cumplimiento de la ley no tiene nada de extraordinario y forma parte habitual de cualquier Administración. "Manipulación" Por otra parte, Pilar Rojo habló de "manipulación" de los datos sobre el número de viviendas de promoción pública que se encuentran en ejecución actualmente. En este sentido, manifestó que el director xeral del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) contabilizó como iniciadas por el bipartito viviendas promovidas por el Gobierno del PPdeG en la pasada legislatura. En concreto, se refirió a que en la provincia de A Coruña están en ejecución 520 pisos de promoción pública y matizó que lo que el IGVS no dijo es que 476 de ellas fueron programadas y sus trámites iniciados en la anterior legislatura. Recordó además que en el periodo 2005-2006 el actual Ejecutivo calificó provisionalmente 5.858 viviendas, que suponen 2.875 menos que las calificadas por el Gobierno anterior en 2003 y 2004. Por ello, Rojo indicó que el Gobierno actual, en materia de vivienda pública y de licitación de vivienda, "non fixo nada que non estivera en fase de proxecto, de licitación ou de adxudicacación polo Goberno anterior", dijo. La parlamentaria habló así mismo de un bajo nivel de ejecución del presupuesto de Vivenda y del cambio de partidas de un lugar a otro, entre las que citó la de un programa de vivienda para gratificaciones y otro de vivienda en alquiler para destinarlo a la partida de personal laboral. Respuesta de la Xunta La Consellería de Vivenda e Solo aseguró, en contra de lo señalado por el Grupo Parlamentario Popular, que tramita con "total normalidade" las notificaciones de solicitud de ayudas para la rehabilitación de viviendas, sea para confirmarlas o denegarlas, y que hace lo propio también con las notificaciones de requerimientos por impagos en materia de vivienda de promoción pública (VPP). Como prueba de ello, el departamento que dirige Teresa Táboas informó a través de un comunicado que, sólo en lo que va del mes de mayo, las delegaciones provinciales de Vivenda cursaron 457 notificaciones sobre ayudas, de las que 58 fueron de denegación, por no ajustarse a la normativa en vigor. En lo que se refiere a requerimientos por impagos en VPP, la consellería señaló que a día de hoy se tramitan 120 de desahucio, a los que se suman 170 expedientes de resolución del contrato de compraventa, en ambos casos motivados por impagos. Uno de estos últimos expedientes corresponde a 110 viviendas de VPP cuyos adjudicatarios llevaban sin pagar 19 años, ante lo que considera Vivienda "a ineficacia do Goberno anterior", al que acusa de ser incapaz durante 16 años de dar una solución a esta situación, "pese ao evidente perzuizo para a Adminstración pública" y a la "discriminación que supoñía para os adxudicatarios da mesma promoción de vivenda que tiñan os pagos ao día", añade el comunicado.