EFE | La
Unión Europea ha pisado el pedal del acelerador en la negociación para
consensuar un certificado de vacunación antes de que empiece la
temporada estival, con vistas a evitar un segundo verano consecutivo con
la movilidad seriamente restringida debido a la pandemia de
coronavirus.
El Parlamento y el Consejo (los países) son las dos instituciones que
deben ahora negociar el formato y características de este documento para
el que la Comisión Europea presentó su propuesta el pasado 17 de marzo,
después del interés que habían mostrado, en particular, varios Estados
miembros más dependientes del turismo. Según el proyecto presentado, el certificado sería gratuito, se podrá presentar en formato electrónico
-con un código QR- o en papel -con un código de barras- y estará
disponible en inglés y en la lengua oficial del país que lo emita.
El
documento contendría información sobre si su portador ha recibido la
vacuna contra el coronavirus, ha generado anticuerpos tras pasar la
enfermedad o tiene una PCR reciente negativa, siendo este último uno de
los criterios que muchos países han requerido a los viajeros en los
últimos meses.
Acuerdo antes de que acabe mayo
El socialista español Juan Fernando López Aguilar es, en calidad de presidente de la Comisión de Libertades Civiles, uno de los eurodiputados que negociará con los países para poner en marcha este certificado.
Según el calendario que maneja, la idea es que se alcance el acuerdo
interinstitucional en mayo para que el pleno del Parlamento Europeo le
dé luz verde en su pleno de principios de junio.
La rapidez se explica por el uso
del procedimiento de urgencia para la tramitación de la propuesta en la
Eurocámara, que permite saltarse la fase de comisión para que la
posición negociadora del Parlamento se selle mediante enmiendas votadas
en el próximo pleno a finales de abril. También el Consejo está avanzando su posición negociadora en un grupo de trabajo sobre el que se informa a menudo a los embajadores de los Estados miembros y que espera acercarse a concluir su tarea pasadas las vacaciones de Pascua.
La
expectativa es que, una vez cada institución tenga clara su postura,
ambas negocien durante aproximadamente un mes: López Aguilar cree que la
comisión parlamentaria que preside podría revisar el resultado de ese
acuerdo en su reunión prevista para la última semana de mayo, justo
antes del voto en pleno. "Somos perfectamente conscientes de que persisten dudas e incertidumbres desde el punto de vista científico, pero el legislador lo que tiene que hacer es establecer por fin una herramienta homogénea que acabe con la actual fragmentación, y por lo tanto discriminación, entre europeos impuesta por los Estados miembros", consideró en declaraciones a Efe.
López
Aguilar advirtió de que estas restricciones generan "una inseguridad
jurídica enorme" y retrasan "la confianza necesaria para poder
embarcarse en la libre circulación, que es un requisito fundamental para
la restauración del ciclo económico".
Demostración de que se cumplen los requisitos para viajar
"Para
impulsar la economía es preciso tomar esta decisión aún cuando
persistan incertidumbres científicas. La carta no garantiza que su
portador nunca se vuelva a infectar o que no pueda infectar. Solo
garantiza que se ha vacunado, que es inmune o que tiene una PCR hecha
desde hace 72 horas, y por tanto cumple con todos los requisitos
para viajar sin soportar las penalidades en que en estos momentos se ha
convertido el tránsito entre Estados miembros", zanjó el eurodiputado.
De
cara a la próxima adopción de la posición negociadora, López Aguilar
avanzó que la Eurocámara quiere garantizar que los datos del certificado
sean recolectados solo por el país que lo expide, pero no por aquel
ante el que se presenta el certificado. También quieren evitar que tenga
un carácter discriminatorio de cara a los viajes y negociarán para que
su uso cree obligaciones vinculantes a los Estados miembros, como el que
sus portadores no estén sujetos a medidas como las cuarentenas.
El
eurodiputado canario también abogará por introducir en la normativa una
cláusula de extinción, de forma que el uso de este tipo de certificados
tenga una fecha de caducidad. "Si entramos en la pandemia por una
declaración de la Organización Mundial de la Salud, este reglamento
dejaría de estar en vigor el día en el que la OMS decrete la
finalización de la pandemia", concluyó.