REDACCIÓN | HATTA Energy ha denunciado que la delegación de la Agencia Tributaria en Galicia sigue sin resolver el expediente de operador confiable, pese a que el plazo máximo para ello fue el pasado 6 de abril, hace casi dos meses, por lo que los funcionarios responsables y la propia institución del Estado “han entrado de lleno en un delito de prevaricación”, según el equipo de abogados penalistas de la compañía.
La compañía tiene pendiente desde el mes de enero la concesión por parte de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia de la condición de “operador confiable”, una figura de nuevo cuño que entró en vigor en enero y que establece cuatro condiciones para su resolución. La compañía cumple las cuatro, pero la “premeditada” dilatación en la resolución del expediente está dejando a HATTA en un limbo que obliga a adelantar el 110 por ciento del IVA en cada operación, creando así un problema financiero que repercute en la salud de la empresa. Esta situación genera un embudo en la libre competencia en el mercado y una incidencia real en los precios que los ciudadanos pagan en las gasolineras.
Los asesores legales de HATTA denuncian la existencia de una “trama corrupta que está dejando un rastro de pruebas incriminatorias que se convertirán en un escándalo de grandes proporciones”. Los abogados señalan el “doloso, premeditado y prevaricador” silencio administrativo del delegado especial de la AEAT en Galicia, de tres inspectores y de una jefa de área de la ONIF en Madrid, entre otras personas, “que están actuando por intereses ajenos a su labor como altos funcionarios, intereses de los que HATTA tiene constancia y testigos”.
HATTA, con sede en la localidad coruñesa de Oleiros, es la cuarta operadora española de hidrocarburos, una empresa clave para que el mercado del gasóleo y la gasolina se modere, ya que es la principal distribuidora de producto para las gasolineras independientes, que suponen más del 40 por ciento del total nacional. La CNMC incluyó a HATTA el pasado diciembre entre los cinco “operadores principales” en España. De hecho, en lo que va de año, HATTA ha logrado inyectar en el tejido productivo español un millón de metros cúbicos de gasóleo importado, un producto “decisivo para moderar los precios finales al consumidor” en plena guerra en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz.
Estrangular la operativa diaria
La AEAT en Galicia disponía de un máximo de tres meses para dictar resolución, plazo que expiró el pasado 6 de abril sin que se haya cumplido dicha obligación legal. A fecha actual, el procedimiento continúa sin haber sido resuelto de forma expresa. Desde entonces, el silencio administrativo ha motivado que la empresa lo califique como un supuesto de “flagrante prevaricación” contra los responsables de “esta trama corrupta”, según sus abogados, que acusan a los funcionarios de “persecución selectiva, reiterada e injustificada” contra la empresa. El propósito sería “propiciar una concentración y control del mercado de los combustibles” mediante la eliminación de uno de sus principales actores. La empresa sostiene que las actuaciones de los funcionarios no responden a controles ordinarios, sino a una estrategia coordinada con finalidad ilícita. En concreto, habla de la creación de un entorno administrativo hostil diseñado para “estrangular su operativa diaria” y deteriorar su reputación.
La empresa, que cerró 2025 con una facturación de 3.500 millones de euros, está cerca de convertirse en el tercer mayor distribuidor mayorista de carburantes, es decir, el principal suministrador de las gasolineras independientes, que contribuyen de forma decisiva a la moderación de los precios para los ciudadanos.