POLÍTICA
Las claves de la polémica con la llamada ley de nietos
REDACCIÓN | La llamada ‘ley de nietos’ se ha situado esta semana en primera línea del debate público después de que Alberto Núñez Feijóo hablara de «ingeniería electoral» y desatara los ataques del PSOE por cuestionar un proceso que se aprobó en 2022 para que los hijos y nietos de exiliados puedan acceder a la nacionalidad española.
Un total de 2,4 millones de descendientes de quienes se vieron obligados al exilio tras la Guerra Civil (1936-1939) o por la persecución franquista han solicitado la nacionalidad española a través de esta vía, incluida en la Ley de Memoria Democrática, de los cuales 544.722 la tienen aprobada y 306.000 están ya inscritos como españoles, según los últimos datos oficiales. Fue el líder del PP, Núñez Feijóo, quien originó la polémica al declarar el lunes, en una entrevista en EsRadio, que Sánchez pretende hacer «ingeniería electoral» y «fabricar votantes» a través de la ‘ley de nietos’, al afirmar que en un año y medio se iba a incrementar en 2,5 millones el número de votantes.
Feijóo explicó que el PP está preocupado por cómo se están ejecutando las nacionalizaciones y alertó de que los consulados -o empresas externas contratadas para agilizar el proceso- tienen la potestad de asignar una provincia cuando los solicitantes no tienen arraigo en ninguna.
Ante el aluvión de críticas, el partido ha negado insinuar cualquier posible fraude electoral, reconociendo que apoyaron que la ley otorgara la nacionalidad a los exiliados, pero rechazan que se beneficien los demás descendientes de españoles.
Además han denunciado falta de transparencia en el procedimiento y por eso han solicitado la comparecencia en el Congreso del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y otras iniciativas sobre la tramitación de los expedientes.
Vox rechaza la ‘ley de nietos’ por creerla una vía de concesión «masiva», «arbitraria» y «descontrolada» de nacionalidades en un intento del Gobierno de «alterar» el censo electoral, denuncia «pucherazo» electoral y mantiene una ofensiva jurídica y parlamentaria en España y la Unión Europa.
El partido ya recurrió en 2023 la Ley de Memoria Democrática ante el Tribunal Constitucional y el mes pasado solicitó ante la Secretaría de Estado de Justicia declarar nula la instrucción que regula la aplicación de la norma, exigiendo su paralización cautelar, aparte de pedir a la Junta Electoral Central suspender el voto por correos de residentes en el extranjero y las inscripciones en el censo exterior.
Ante la Comisión Europea ha denunciado la norma esta semana, alegando que la concesión de nacionalidades vulnera el derecho de la UE y pone en riesgo el espacio europeo de seguridad, y ha exigido en el Congreso explicaciones al Gobierno sobre el incremento de trabajadores en los consulados para reforzar la tramitación de nacionalidades. Leer más