El Constitucional admite a trámite el recurso de la Xunta para autorizar parques eólicos marinos

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de competencia presentado por la Xunta el pasado mes de noviembre para autorizar la instalación de parques eólicos marinos. El Gobierno autonómico trasladó así a la vía judicial su oposición al Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por considerar que invade sus competencias. La Administración autónoma reclama su derecho a regular la generación de energía eléctrica en el mar. El propio presidente gallego, Emilio Pérez Touriño, reconoció que el Gobierno central invadía competencias autonómicas al alegar que las instalaciones eólicas marinas no están incluidas en el ámbito territorial autonómico. "Entendemos que é unha competencia nosa que debemos defender e queremos exercer", manifestó en noviembre el titular del Gobierno gallego, tras restar importancia al recurso interpuesto en el Constitucional. Lo calificó de "típico conflicto competencial" que se da con frecuencia en el Estado de las autonomías y que lleva a acudir al árbitro para su resolución. Antes de presentar el recurso al Tribunal Constitucional, la Xunta había planteado al Gobierno central un requerimiento para que no asumiera las competencias en materia de parques eólicos marinos que, a juicio de la Administración gallega, corresponden a Galicia. Esta solicitud, planteada en septiembre, fue rechazada por el Ejecutivo central un mes más tarde. Recientemente, la Administración estatal dio un paso adelante al excluir a las rías gallegas de la posible instalación de parques eólicos marinos, pese a considerar "aptas" dos zonas situadas en las proximidades de los concellos pontevedreses de A Guarda, O Rosal y Oia, así como al norte de la Mariña oriental de Lugo. Así se recogía en el Estudio Estratégico Ambiental de Litoral español que presentaron en diciembre los ministerios de Industria y Medio Ambiente. Dicho informe impide implantar ningún parque a menos de ocho kilómetros de la costa, un requisito que no permitirá la ubicación de aerogeneradores en el interior de las rías gallegas.