Solicitan cerca de dos años de cárcel al alcalde y ex alcalde de Caldas de Reis por un presunto delito de prevaricación

El alcalde de Caldas de Reis (Pontevedra), Juan Manuel Rey, y su antecesor en el cargo, José María Tobío, ambos del PSOE, se enfrentan a penas próximas a los dos años de prisión y diez de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación, después de que Fiscalía mantuviese esta acusación por conceder licencias para obras contrarias al ordenamiento vigente. Los hechos que se juzgaron en el Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra, datan de 2003, cuando siendo alcalde José María Tobío, el gobierno municipal de Caldas de Reis, autorizó la concesión de seis licencias para naves industriales en la zona de As Veigas de Almorzar, en las márgenes de la carretera N-640 que comunica Caldas con Vilagarcía de Arousa. Según destacó el fiscal del caso, "lo hicieron pese a los informes desfavorables del arquitecto técnico municipal y del asesor jurídico, quienes advirtieron que la construcción de naves para almacenes y oficinas en suelo rústico está prohibido por la Ley do Solo". Pese a esos informes, la comisión de gobierno otorgó los permisos amparándose en que los terrenos estaban clasificados como suelo apto para urbanizar (SAU) en las normas subsidiarias municipales de 1995, que siguen en vigor, y tras consultar con otros técnicos que hicieron la misma lectura. "Como había dos criterios enfrentados nos decidimos por la solución más beneficiosa para los solicitantes, porque las naves ya estaban construidas pero carecían de la necesaria licencia para solicitar subvenciones oficiales", explicó José María Tobío durante su declaración ante el juez. Sin embargo, el Fiscal aseguró varias veces durante el juicio que Tobío y los restantes miembros de su grupo de gobierno prevaricaron "a sabiendas", y que el alcalde "a toda costa quería sacar adelante el polígono industrial" del municipio, una afirmación avalada por el testimonio de la entonces secretaria del Ayuntamiento caldense, Nuria Lobato del Río, quien en el acta de un pleno hizo constar que el alcalde había dicho que era partidario de "dar todas las licencias que se pidieran, aún en contra de la normativa".