Condenado a 23 años de prisión el africano residente en Marín por violar de forma reiterada a sus dos hijas

Unisa Mansaray, el africano radicado en Marín (Pontevedra), juzgado en la Audiencia Provincial de Pontevedra por violar y maltratar a sus dos hijas de 13 y 14 años de edad ha sido condenado a una pena de 23 años y medio de prisión al considerar probado el tribunal que era culpable de los hechos que se le imputaban y por los que Fiscalía solicitaba 478 años de prisión. El ministerio fiscal pretendía que Unisa Mansaray, natural de Sierra Leona, fue condenado por 31 delitos de violación, pero finalmente el Tribunal lo acusó por un delito de agresión sexual y otro delito continuado de violación, considerando los agravantes de "especial vulnerabilidad", ya que "se aprovechó de su condición de padre" para doblegar la voluntad de las niñas, "comentándoles historias de la Biblia para hacerles creer que era normal que los padres mantuvieran relaciones sexuales con sus hijas". La sentencia señala que la existencia de maltrato físico y psíquico habitual "no deja lugar a dudas, siendo más que suficiente para integrar el delito la serie innumerable de agresiones sexuales de que fueron objeto ambas menores por parte de su padre". En cuanto al delito de maltrato, pese a que Unisa Mansaray defendió su inocencia y explicó que sometió a sus hijas a trabajos duros porque "quería lo mejor para ellas", y argumentó que en su país el trato que dio a las niñas es normal, el Tribunal de la sección cuarta de la Audiencia pontevedresa consideró probado que hubo delito. Añade además que frecuentemente las llamaba putas y el "caracter violento, autoritario y agresivo del procesado dentro del domicilio, que nada tenía que ver con su forma de comportarse fuera de él con terceros ajenos a la familia". En concreto, de los 23 años y medio a los que ha condenado la Audiencia Provincial a Unisa Mansaray, 7 años corresponden a un delito de agresión sexual, 14 años y medio a un delito continuado de violación y 2 años por un delito de maltrato habitual en el seno del hogar familiar, delitos por los que además se tendrá que indemnizar a las niñas con 55.000 euros por los daños psicológicos causados.