La Xunta lleva al Gobierno al Constitucional por la orden de ayudas en servicios sociales

Touriño descarta que el recurso ?enturbie? el traspaso de competencias

El Consello de la Xunta acordó interponer un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional contra la orden por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Minusvalidez. El Gobierno gallego entiende que la norma vulnera la repartición competencial establecida por la Constitución y el Estatuto. El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, descartó que el nuevo recurso pueda "en ningún caso" enturbiar el proceso de traspaso de competencias con el Estado. En la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, dijo que "forma parte dun traballo ordinario que non enturbia nin limita para nada as relacións de cooperación institucionais". Explicó que el recurso que se presentará ante el Tribunal Constitucional "ten a función positiva e anticipatoria" de que la próxima orden del Estado "non a volva facer nas mesmas condicións", sino que "escoite o que lle temos que dicir dende Galicia". Así, manifestó que la orden que ahora se recurre "estaba mal planteada e non respectaba escrupulosamente as competencias de xestión esa materia". Con el recurso, la Xunta prosigue el proceso iniciado el pasado 17 de abril, cuando formuló al Estado un requerimiento de incompetencia sobre esta misma orden. Dado que la respuesta del Consejo de Ministros no varió para nada la postura inicial del Gobierno central, y no modificó la convocatoria de las ayudas para el año 2008, la Xunta da el siguiente paso presentando un recurso. La Orden de subvenciones aprobada el 19 de febrero, atribuye al Gobierno central la totalidad de la ejecución administrativa de dichas subvenciones, como son la gestión, la concesión y el pago, en una materia que es competencia exclusiva de la comunidad autónoma, según establece el Estatuto de Autonomía. Por eso, Vicepresidencia considera que el Estado, como mucho, podría especificar el destino y las condiciones genéricas de otorgamiento de las subvenciones, pero debería dejar el resto a las comunidades autónomas. Así, entiende que corresponde a las autonomías la concreción y desarrollo del destino de las ayudas, la regulación de la tramitación y la tramitación misma. La orden estatal regula no sólo las condiciones y procedimiento de concesión de las subvenciones, sino que atribuye al Ministerio correspondiente la totalidad de las funciones administrativas. Además, en la orden no existe ningún tipo de prevenciones que determinen que sólo se van a financiar programas de necesaria dimensión estatal para su eficacia. De hecho, la redacción de la orden hace intuir que se van a subvencionar programas de dimensión territorial no estatal, según la Xunta.