El PP pide respeto para los obispos por su opinión sobre Educación para la Ciudadanía y la Xunta confirma que se cumplirá la ley

El apoyo de los obispos gallegos a la objeción a la asignatura de Educación para la Ciudadanía ha tenido respuesta en la clase política. Desde el PPdeG, su presidente, Alberto Núñez Feijoo, defiende el derecho de la Iglesia a opinar y reiteró su oposición a la asignatura. "Son partidario da Filosofía, da Historia, da Educación Física, do Inglés, do Galego, do Español e non son partidario da Educación para a Cidadanía", aseguró el popular. Tras reunirse con el comité directivo del PP gallego, Feijoo valoró el comunicado en el que abogaban por paralizar esta materia y defendían el derecho a objetar, y reivindicó la "diferenciación clara" entre Iglesia y Estado. Eso sí, el dirigente 'popular' advirtió que, en una sociedad democrática, se debe "respectar" las opiniones de las distintas instituciones. "Eu respecto o que diga a Igrexa", aseveró y añadió, que al igual que las fuerzas políticas hacen públicas sus impresiones, la comunidad eclesiástica "fai moi ben opinando". Desde la Xunta, su presidente, Emilio Pérez Touriño, realizó un llamamiento "ao consenso, á concordia e a que cumpramos á lei" respecto a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, cuya paralización reclaman los obispos gallegos. Touriño advirtió de que "o que corresponde é que a lei sexa cumprida por todo o mundo" y es lo que va a hacer como corresponde a un "presidente democrático". Así, aseguró que la legislación que establece la impartición de esta materia "será cumprida" en Galicia y no existe la posibilidad de esperar a resolución judicial sobre la misma. "O comportamento normal no Estado de dereito é que as leis mentres están en vigor están para ser cumpridas" y si hay después una sentencia también tendrá que cumplirse. También desde el bipartito, el vicepresidente, Anxo Quintana, aseguró que "a cúpula eclesiástica" se equivoca al oponerse al comienzo de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Así, señaló que "nun Estado democrático, a lei é froito da acción política dos que democraticamente foron elixidos para facelos". Respetó, en todo caso, que "cada un exprese a súa opinión" sobre cualquier proyecto educativo, pero entiende que no se debe pasar a "boicotear o exercicio da lei".