El empresario garantiza los 600 puestos de trabajo, haya o no cambios

El empresario Juan Miguel Villar Mir ha garantizado que mantendrá la plantilla actual de trabajadores de Ferroatlántica, que cifró en unos 600, con independencia de que el Gobierno central ceda a la petición de modificar el trazado del AVE a su paso por la explotación minera de Serrabal. Eso sí, Villar Mir reiteró que mantener el actual trazado afectaría gravemente a la mina e impediría completar en Galicia la cadena de energía fotovoltaica, al implicar la pérdida del 60% del cuarzo usual extraíble y del 80% de las reservas de otro tipo de cuarzo de calidad silicio solar fotovoltaico. En este material, la empresa proyectaba basar su negocio destinado a la producción de placas solares fotovoltaicas llamado Ferrosolar. Si la cadena diseñada inicialmente por Villar Mir llegase a prosperar, con el cuarzo de Serrabal, los hornos previstos en la localidad de Arteixo y las inversiones de 50 millones en purificación de silicio según una nueva tecnología de Ferroatlántica, pemitirían generar anualmente "6.000 toneladas de silicio fotovoltaico", para la producción de 1.200 megavatios al año, una potencia que supone, según el empresario, "1,2 veces la capacidad de una central nuclear de máximo tamaño". Villar Mir reconoció que sólo el inicio del proceso con el cuarzo de la mina supondría la creación de 60 puestos de trabajo directos y más de cien indirectos, aunque el funcionamiento en su conjunto de las centrales fotovoltaicas iría unido a 19.000 puestos de trabajo y una inversión superior a los 2.300 millones de euros. Por eso, el empresario insistió en que el trazado aprobado por Fomento supondrá "un daño" económico y social "muy importante" para Galicia, especialmente para la zona de la Costa da Morte, y aseguró que le produce "una pena espantosa" pensar en el mantenimiento de este proyecto, que impedirá a la comunidad ser "polo mundial" de la energía fotovoltaica". Concesión por 30 años El presidente del Grupo Villar Mir señaló que el AVE sobre la mina evitaría cualquier posiblilidad de hacer ferroaleaciones especiales, y la carga de trabajo para las no especiales estaría garantizada por unos 20 años, un plazo que podría ampliarse has los 109 si el Gobierno modifica el trazado aprobado actualmente. Preguntado por qué la empresa solicitó una ampliación de la concesión por 30 años si la carga de trabajo se limitaría a 20, el empresario señaló que es el plazo que la Ley de Minas establece "como habitual". A mayores, subrayó que dicha concesión ya ha sido otorgada "de derecho" por el silencio administrativo del Gobierno, que no respondió a las peticiones realizadas por la empresa en 2005. "Lo hemos dejado claro", dijo Villar Mir, quien aseguró que la empresa ha contestado a los informes posteriores solicitados por el Gobierno "para no incurrir en una situación desacato", pero siempre recordando a la Administración "que la concesión ya es nuestra por ley".