Xustiza prevé completar en octubre la red de oficinas de atención a víctimas de delitos en las siete ciudades

La Xunta prevé que en el mes de octubre quede completada la puesta en marcha de las oficinas de atención a las víctimas de delitos y a la ciudadanía, que dependen de los decanatos de los juzgados, en las siete ciudades de Galicia. Según informó la directora xeral de Xustiza, Begoña Santos, durante su intervención en la Comisión Institucional del Parlamento de Galicia, esta oficina se abrirá en Ourense el 30 de octubre, un plazo similar al manejados para otros grandes concellos. De momento, sólo cuentan con estas unidades las ciudades de A Coruña y Pontevedra, aunque en Vigo se presta un servicio similar de atención pero específico para víctimas de la violencia de género. La normativa estatal establece la creación de oficinas de atención a las víctimas para recibir las quejas y denuncias, así como para informar y atender al ciudadano en materia de justicia. El objetivo es ofrecer un servicio integral a la persona afectada por un delito, a través de una atención personalizada. En respuesta a una pregunta del BNG, Santos destacó el "importante esforzo" que está realizando la Xunta en el acondicionamiento de sedes judiciales para mejorar la situación existente hace tres años, en el momento del cambio de Gobierno. En concreto, se refirió a la reforma de la planta baja del Pazo de Xustiza de Ourense, donde habrá "todos os espacios necesarios con previsión de futuro" para situar el nuevo juzgado de primera instancia, que entrará en funcionamiento el 30 de diciembre, y otras dependencias, como la citada oficina de atención a las víctimas. El diputado del BNG Iago Tabarés puso de manifiesto las carencias existentes en las dependencias judiciales de Ourense, por lo que calificó de "inaplazable" la reforma del Pazo de Xustiza para contar "con servizos dignos", pese a que ya se iniciaron las obras del nuevo edificio aunque "con certo retraso". Formación local Por otra parte, el director de la Escola Galega de Administración Pública (EGAP), Carlos Suárez-Mira Rodríguez, informó en la Comisión Institucional que se realizará una encuesta entre los empleados de las Administraciones locales para detectar las necesidades formativas, de cara a planificar las acciones para el futuro. Se trata de que realicen una "autodiagnose" para analizar las carencias y debilidades del empleado público en su formación y establecer, de esta manera, cursos "a medida" de sus necesidades.