Martínez confía en la Justicia tras reabrirse una denuncia ya archivada sobre malversación de fondos europeos
El recién nombrado delegado de la Xunta en la provincia de Ourense, Rogelio
Martínez, dijo confiar en la justicia, tras reabrirse un proceso judicial
contra él y otros acusados por el BNG de malversación de fondos europeos y
falsedad documental en relación a obras en el municipio de Arnoia, donde fue
alcalde hasta el pasado lunes.
Martínez fue presentado en su cargo,
acompañado por el conselleiro de Presidencia Alfonso Rueda, a los alcaldes de
toda la provincia, funcionarios y representantes de la Justicia y otras
administraciones. A preguntas de los periodistas, el ex alcalde de Arnoia
dijo que el asunto judicial se refiere a obras y subvenciones europeas de hace 7
años, "y la propia Fiscalía informó para que se archivase, y así lo hizo el
juzgado de instrucción", explicó.
Según recordó, año y medio después del
archivo judicial por parte de la Fiscalía, los denunciantes presentaron un
recurso ante la Audiencia Judicial que en enero de este año se resolvió con la
reapertura del proceso. Martínez dijo que la Audiencia Provincial "pide ahora
que se remate el asunto que ya tiene valoraciones periciales independientes de
las certificaciones de obras que presentamos, pero no habrá ningún
problema".
"Confío en la Justicia y será lo que digan los jueces", apuntó
Martínez, que señaló que en Arnoia "se hicieron y justificaron unas inversiones
y el promotor cobró unas subvenciones pero, si no es así, tendrán que pedirle
que las devuelva y no hay nada más".
Aludió a los denunciantes para señalar
que habrá que ver "si mantienen la acusación" pues la primera denuncia fue del
BNG de Arnoia que "fueron expedientados y expulsados" y luego la denuncia la
mantuvo el BNG comarcal.
Fuentes del BNG del Ribeiro explicaron que
nadie fue expedientado ni expulsado ni se dio de baja en relación con este
proceso contra Rogelio Martínez. Uno de los primeros denunciantes y ahora
edil nacionalista de Arnoia, Santiago Alberte, recordó que este proceso iniciado
con una denuncia en el año 2006 "encontró continuos atascos en el juzgado de
Ribadavia, debido al abandono de alguno de los abogados, por las peticiones de
archivo por prescripción y otros motivos".