OPOSICIÓN
PSdeG y BNG piden el cese de Rogelio Martínez tras la sentencia sobre el "uso fraudulento" de fondos europeos
Una sentencia dictada por la Audiencia Nacional obliga al Grupo de Acción Local, Centro de Iniciativas para el Desarrollo do Val do Miño (Ceivam), a la devolución de algo más de 50.000 euros correspondientes a ayudas procedentes de fondos europeos que les fueron otorgadas y que, según la sentencia, no han sido utilizados para cumplir los compromisos LEDER II de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.
El superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, presidía este grupo, que lideraban también otros representantes del concello de Arnoia, del que éste era alcalde. Según la Audiencia Nacional, el Ministerio de Agricultura emprendió un proceso contencioso-administrativo contra este colectivo al detectar ciertas irregularidades en el uso de las ayudas que le fueron asignada a través de dos expedientes.
Por un lado, se encuentra una irregularidad en cuanto a la adquisición de maquinaria para un Taller Artesanal de Orfebrería. Un informe de Agader determina, tras una inspección, que únicamente fue encontrada una parte de la maquinaria certificada, cuando la inversión ha de mantener al menos cinco años posteriores a su realización. Respecto al otro expediente -el informe de Agader data del 31 de agosto de 2006-, correspondiente a una planta para el aprovechamiento y tratamiento de biomasa, el estudio establece que la nave certificada es la existente con anterioridad, que no fue necesario construir una nueva y que además no se encuentran en las instalaciones máquinas propias del tratamiento de biomasa, por lo que no aprecian síntomas de actividad en este lugar.
Por estos hechos, la Audiencia Nacional admite que hubo certificaciones de obra que no constan realizadas, pues otorga un gran probatorio al infome de Agader, que en opinión de los magistrados aportan datos más "contundentes" y dotados de "mayor objetividad" que los alegados en el recurso por parte del grupo de acción local. Según la sala que se ha encargado del caso, resulta procedente el reintegro de la cuantía reclamada, dado el "incumplimiento sustancial del fin previsto en las subvenciones otorgadas".
Con estos argumentos, la Audiencia Nacional desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ceivan contra la resolución de junio de 2007 del Ministerio de Agricultura y falla una sentencia firme, contra la que no cabe recurso, según establece el propio fallo.
PSdeG y BNG PIDEN EL CESE
Estos hechos motivaron una rueda de prensa en el grupo parlamentario socialista, en el que la portavoz del PSdeG, Mar Barcón, junto con los diputados ourensanos, censuraba el "uso fraudulento de cartos" y la "certificación de obras non rematadas". A juicio de la número dos del Partido Socialista gallego, Alberto Núñez Feijóo dece "cesar hoxe ao delegado de Ourense" si, como dijo en su investidura, quiere un gobierno que "respecte a lei", alejado del "cúmulo de despropósitos, mala xestión e usos fraudulentos" a los que alude esta sentencia.
Asimismo, y dado que la Justicia obliga a la devolución de fondos europeos tras certificaciones de obras no efectuadas, la dirigente socialista alude también al caso de Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, al que acusa de haber hecho algo similar con obras en una vía en la provincia de Pontevedra, obra que está certificada aunque no concluida. "Feijóo dicía que certificar obras non rematadas é unha práctica habitual", argumentó Barcón, para señalar que "unha sentencia da Audiencia Nacional di que non se pode levar a cabo".
Por esto, considera que la "épica da legalidade" que a juicio de los socialistas hizo Feijóo en su discurso, "non era máis que un conto chino". Además de aludir a Martínez y Hernández, Barcón reprochó también el que, a su entender, es un "uso fraudulento" de la Lei de Función Pública. Se refiere, en este caso, al conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, al que achaca el haber cometido fraude mantener "unha excedencia especial".
Al nuevo portavoz del PP, Antonio Rodríguez Miranda, Barcón le traslada una pregunta. Así, le dice que clare si "vai facer seguemento deste caso de incumprimento da legalidade" y también que diga si él está "do lado da lei ou do que condena a Audiencia Nacional".
Por su parte, el BNG exige al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que adopte alguna actuación política ante la confirmación de que Rogelio Martínez está implicado en un caso de fraude de fondos públicos. La diputada Tereixa Paz lo emplaza a que adopte medidas inmediatas y contundentes tras la confirmación de la sentencia de la Audiencia Nacional que habla de un "asunto de fraude con cartos públicos".
Paz y Alfredo Suárez Canal registraron iniciativas parlamentarias con las que reclaman explicaciones a Feijóo. Asimismo, le instan a que clarifique si "unha persoa involucrada por sentenza xudicial firme de defraudación de fondos públicos pode seguir ocupando o seu cargo de delegado territorial". También le preguntan si tenía conocimiento de estos hechos antes de nombrar a Rogelio Martínez delegado por Ourense.