COSTA
PP, PSOE y BNG se unen para instar al Estado a retirar el recurso que afecta a los núcleos del litoral
Los grupos parlamentarios consensuaron una proposición no de ley para reclamar del Gobierno central la retirada del recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra la disposición adicional segunda de la Lei de Vivenda de Galicia que mantendría -en caso de prosperar- la inestabilidad jurídica en la que se encuentran núcleos de zonas del litoral gallego como Marín, afectados por la Ley de Costas estatal. El texto aprobado reclama también que "no seu caso" se modifique la Ley de Costas teniendo en cuenta las peculiaridades de estos asentamientos, reforzando las competencias de Galicia sobre el litoral.
Además, la proposición defiende que, en caso de que se materialice el recurso del Gobierno central, la Xunta presente las correspondientes alegaciones en contra, así como otras acciones que consideren oportunas en el proceso. El texto fue aprobado en la comisión de Ordenación Territorial del Parlamento, tras la transacción de las enmiendas presentadas por PSdeG y PPdeG a la proposición no de ley presentada por el BNG.
La diputada nacionalista Teresa Táboas lamentó que, tras la solución a un problema de 30 años que ofrecía la disposición adicional de la Lei de Vivenda, la presentación del recurso estatal suponga "voltar de novo a partir de cero". Así, resaltó que las viviendas afectadas no son "complexos turísticos" sino residencias tradicionales y lamentó que la situación actual se deriva "do descoñecemento do Estado da realidade urbanística de Galicia.
En este sentido, resaltó que la proposición no de ley que presentaban estaba dirigida a incrementar las competencias de la Xunta en el litoral, recordando que el conflicto que afecta a las viviendas es competencial. Táboas recordó que la disposición adicional segunda de la ley gallega fue aprobada por unanimidad por los tres grupos de la Cámara -incluido el PP-, ya que su objetivo era poner fin al problema de legalidad en el que quedaron estos núcleos por la ley estatal de 1988.
Desde el PSdeG, Mar Barcón defendió el "espíritu" de la Ley de Costas estatal pero argumentó que "ás veces, o feito de facer as cousas por elevación" no sirve. Los socialistas defendieron en su enmienda la creación de una mesa de trabajo entre los técnicos de los ayuntamientos afectados, el ministerio y la Xunta. Su propuesta no fue aceptada por Táboas al entender que sólo suponía "adiar" la solución efectiva al conflicto, pese a que Barcón indicó que esta vía suponía "instrumentar un mecanismo técnico" para solucionar la situación.
Por su parte, el diputado del PPdeG Román Rodríguez destacó la importancia de alcanzar "consenso" respecto a un tema tan importante, lamentando que el bipartito no hubiese aceptado las propuestas del PPdeG a la Lei de Vivenda. "Dixéronnos que estivesemos calados porque a disposición adicional segunda xa o arreglaba todo, pero a realidade é tozuda". Además, criticó lo que calificó de "certa insensibilidade" por parte del anterior presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, hacia el tema en su día, y recordó que el conficto obedece a una cuestión "competencial e política".