PARLAMENTO
Sanidade garantiza el carácter "público" del nuevo Hospital de Vigo
El secretario xeral de la Consellería de Sanidade, Roberto Pérez López, garantizó en el Parlamento el carácter "público" del nuevo Hospital de Vigo incidiendo en que se respetarán "todos os prazos" que marca la ley de contratos del sector público para su ejecución. Pérez compareció en la Comisión de Sanidade, donde explicó que la consellería "está a estudar" las opciones posibles de financiación del nuevo centro.
Así, avanzó que "estamos valorando a idoneidade de que a obra se contrate" a través de la Sociedade Pública de Investimento (SPI), al considerar que se trata de un hospital "grande e complexo" por lo que "o máis adecuado" es que el Sergas y la consellería supervisen directamente el proyecto.
Obviando concretar si se mantendrá o no el número de camas, como exigía conocer el diputado del PSdeG Francisco Cerviño, Pérez no disipó totalmente las dudas sobre el origen de los recursos que contribuirán a la financiación de las instalaciones sanitarias. "Creo que a financiación vai a ser pública dende todo o momento", apuntó tras lo que se dirigió al representante del principal partido de la oposición instándolo a "non ter a máis mínima dúbida sobre o carácter público" del centro.
Tras reiterar el compromiso de la Xunta con el proyecto, el representante de Sanidade explicó que a día de hoy ya ha sido aprobado el proyecto sectorial de incidencia municipal y que está contratada la gestión de las expropiaciones "con financiación do Sergas", de manera que el concello "non terá que aportar recursos". Además, también se está revisando el proyecto básico, en el que figura una estimación de coste de las obras que supera los 299 millones de euros. En este punto, indicó que la previsión de gasto para 2009 "respetarse", pese a avanzar que la coyuntura económica podría repercutir en el proyecto. Según afirmó, las obras se iniciarán una vez se lleve a efecto el procedimiento expropiatorio en curso, para lo cual se seguirán los plazos pautados por la ley de contratos del sector público.
Aunque calificó de "tranquilizador" el discurso del secretario xeral, el diputado socialista advirtió a la Xunta sobre los peligros de la "tendencia dos novos gobernos" a pretender reiniciar todos los proyectos emprendidos por sus sucesores. En este sentido, el socialista se mostró preocupado por que Sanidade pueda contemplar "unha revisión á baixa do número de camas" que, a su juicio, solo "contribuiría a beneficiar" a la clínica privada Povisa. Cerviño realizó un alegato a favor del endeudamiento de los Gobiernos en tiempos de crisis con el fin de que la calidad de los servicios públicos no se vea mermada.
ENTRADA DE CAPITAL PRIVADO
En esta línea, previno a la Xunta sobre los perjuicios que supondría la entrada de empresas privadas en la financiación de la construcción de nuevos hospitales, poniendo como ejemplo el modelo aplicado por el Gobierno del PP en Madrid, donde se cedió la gestión de los nuevos centros a grandes constructoras por 30 años. Es por ello que rechazó que el Ejecutivo gallego pueda pretender "facer negocio a costa da saúde dos galegos", aprovechando su intervención para censurar la intención de la Xunta de enviar a clínicas privadas de cualquier punto del Estado a aquellos pacientes que hayan superado la demora máxima para operarse en el sistema público.
ALTOS CARGOS
Por otra parte, el secretario xeral de Sanidade también precisó que que la xerente del Sergas y sus tres directores xerais de Asistencia Sanitaria, Recursos Económicos y de Recursos Humanos son "altos cargos" que tienen rango de "director xeral". En respuesta a una pregunta formulada por el diputado del PSOE Modesto Pose, que exigió saber si la xerente del Sergas "cobrará o mesmo" que sus directores xerais, el representante de la Xunta precisó que "todos teñen a mesma retribución" como fija la ley de presupuestos para este año, de manera que su salario anual será de 55.556 euros. "Non hai diferencia retributiva entre uns e outros cargos", insistió, al tiempo que explicó que su designación se hizo por nombramiento administrativo y no por contrato de alta dirección, como apuntaban los socialistas.