CÁRCEL A LAMA
Mantienen los cargos contra el funcionario acusado de ofrecer beneficios penitenciarios por sexo
La Fiscalía de Pontevedra ha optado por mantener los cargos contra L.A.G.A., el funcionario del Centro Penitenciario de A Lama (Pontevedra), que está acusado de ofrecerle a una interna de la prisión una serie de beneficios penitenciarios, a cambio de mantener con él relaciones sexuales, ya que considera que la declaración de la supuesta víctima es “creíble, rotunda y ausente de contradicciones”.
La reclusa, que actualmente goza ya de libertad, insistió en que el acusado la acosaba con frecuencia, que le propuso mantener relaciones sexuales en varias ocasiones y que ella siempre se negó, a pesar de que “me decía que estaba en juego mis permisos penitenciarios y que iba a tener represalias”.
Con este testimonio, el fiscal consideró que el supuesto delito “está esclarecido y suficientemente demostrado”, a pesar de que el funcionario, quien reconoció conocer a la mujer, aseguró que apenas mantenían contacto, ya que ella trabajaba en las cocinas de la prisión y él en el módulo de ingresos, “y nunca tuve ningún conflicto con ella”.
La Fiscalía pontevedresa ha calificado estos hechos como un delito de abuso en el ejercicio de su función como funcionario público, por el que solicitan para el acusado una pena de dos años de prisión e inhabilitación absoluta para desarrollar su profesión durante los próximos siete años.
Por su parte, la Defensa insistió en la libre absolución del acusado al entender que la declaración de la mujer “no es consistente”, frente a la del funcionario, que calificó de “versión contundente, directa, clara y firme”, una visión que coincide con el portavoz del sindicato ACAIP, mayoritario en el penal pontevedrés, Enrique Mosquera, quien acudió a los juzgados en apoyo de su compañero.
Mosquera insistió en que “incluso él” desconoce los motivos de esta denuncia, aunque deslizó la posibilidad de que se haya producido “como venganza personal” porque el funcionario era el responsable del régimen disciplinario de la prisión, y achacó a la dirección del centro de “dejadez de funciones e irresponsabilidad” por no haber emitido un informe del suceso cuando se denunció, “al igual que se hace con cualquier incidente que ocurre en la prisión”.