PARLAMENTO
El Consello de Contas fiscalizará los "peajes en la sombra", la atención a mayores y las ayudas a pymes del Igape
Un total de 10 concellos gallegos todavía no han rendido cuentas al Consello de Contas de Galicia sobre su gestión económica de 2005, según informó en comisión parlamentaria el conselleiro mayor, Antonio López, que destacó que "queda moito camiño por percorrer aínda" en esta materia pese a advertir una tendencia "á maior rendición de contas" por parte de las instituciones municipales.
Tras el 'impasse' obligado por las elecciones autonómicas del 1 de marzo, López compareció de nuevo en la Cámara gallega para cumplimentar los trámites respecto al informe de fiscalización del año 2005 -coincidente con el cambio de gobierno del PP al bipartito-, que ya había presentado a finales de julio del pasado año.
Antonio López avanzó también las líneas de trabajo futuras que desarrollará el Consello de Contas, y que incluyen la finalización antes del 1 de octubre del informe de fiscalización del proceso electoral del 1 de marzo, además de otros estudios sobre los procedimientos de contratación en la Administración autonómica. Los informes futuros afectarán de pleno a la gestión del gobierno bipartito, una vez completado el análisis sobre el 2005, último año de gobierno de Fraga.
El conselleiro mayor anunció también que quieren fiscalizar los procesos de contratación de infraestructuras mediante la técnica del 'peaje en la sombra', así como los servicios de atención a personas mayores, la externalización de los servicios del Sergas, las ayudas a pymes del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) y la Fundación Galicia Emigración.
Respecto al ejercicio de 2005, López informó de que de los 58 concellos que no habían completado la rendición de cuentas en el plazo establecido -en este caso, 31 de diciembre de 2006-, todavía quedan una decena de ayuntamientos pendientes de cumplimentar el trámite. Según explicaron fuentes del Consello de Contas, a estos 10 concellos se les suman 12 que sí rindieron cuentas de su gestión desde 2006, pero de los que no consta si "aprobaron ou non as súas contas".
En su intervención, Antonio López repasó las conclusiones del informe, que recogen cuestiones ya divulgadas como las irregularidades en la concesión de minicentrales hidráulicas, en el transporte escolar, o los indicios de especulación con el suelo empresarial en la acción del IGVS. Ahora, los grupos parlamentarios tienen de plazo hasta la tarde del viernes, día 19, para presentar sus propuestas al respecto.
INTERVENCIÓN DE LOS GRUPOS
Desde el grupo del BNG, el diputado Fernando Blanco abogó por aprovechar la próxima reforma de la Ley de Réxime Financeiro de Galicia (propuesta por la Xunta para que consorcios y agencias participadas por la Xunta se integren en los Presupuestos y estén sometidas a control parlamentario) para incluir las recomendaciones del Consello de Contas, especialmente la relativa a la necesidad de introducir indicadores y objetivos en los programas de gasto para control la eficacia y eficiencia del mismo.
Además, aludió al gasto de transporte escolar desvelado en el informe (cuatro veces más caro que en la media estatal) para hacer hincapié en que la dispersión geográfica debe ser un elemento clave en el nuevo modelo de financiación autonómica que se está negociando. Blanco reclamó que sea uno de los coeficientes con mayor peso, donde Galicia compute su peso específico real y mejore el actual.
Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario socialista, Xaquín Fernández Leiceaga, recordó el dato recogido en el informe del Consello de Contas de que la deuda pública gallega ascendía a 8.000 millones de euros con el último gobierno del PP de 2005, 3.000 más que en el ejercicio anterior. "Significa iso que faltaban 8.000 millóns de euros?", se preguntó Leiceaga en referencia a las críticas que hace ahora la Xunta actual al bipartito por los supuestos "buratos" y gastos que quedaron comprometidos. "Non, como agora tampouco faltan", respondió Leiceaga, explicando que se trataba de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros. En este sentido, recalcó que este mecanismo legal fue utilizado por el gobierno de Fraga con "certa laxitude".
Finalmente, desde las filas del PPdeG, el diputado José López Campos afirmó que el informe del Consello de Contas debe ser la "folla de ruta" para la actuación de la Xunta, comprometiéndose a "trasladar" las recomendaciones del informe al actual Ejecutivo gallego. En relación al transporte escolar, abogó por realizar una "reflexión profunda", resaltando la necesidad de que se reconozcan las especificidades de Galicia en el sistema de financiación autonómica.