XUNTA
La Xunta reducirá los tiempos de pago a un máximo de 45 días y creará un registro de facturas
La Consellería de Facenda dará la "máxima prioridade" a reducir los tiempos de pago de la Administración Pública. El objetivo es que la tardanza máxima sea de 45 días, 15 menos de los fijados por el plazo legal (60 días). Así lo anunció la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, que compareció en la Comisión 3ª del Parlamento para dar cuenta de las líneas prioritarias de su departamento para esta legislatura, que estarán marcadas por la austeridad, la eficacia, la eficiencia y la modernización.
Para Fernández Currás, "o primeiro paso" para poder acelerar los pagos es "controlar o momento en que as facturas entran na Xunta". Por ello, se creará un registro de facturas, una herramienta que además permitirá tener información sobre el importe de facturación pendiente "de modo que se poda imputar ao orzamento". La conselleira anunció que proximamente se elaborará una orden para crear un grupo de trabajo destinado a implantar este nuevo registro y anunció que también se tomarán medidas para mejorar la gestión de la tesorería, otro de los puntos claves para garantizar los pagos.
AXENCIA TRIBUTARIA GALEGA
La titular de Facenda también apuntó la necesidad de diseñar un nuevo modelo de organización de la administración tributaria autonómica, que se encargará de la gestión, liquidación, recaudación e inspección de todos los tributos propios y de impuestos estatales cedidos a la comunidad. Para Fernández Currás, la figura más "axeitada" para llevarlo a cabo es la creación de una Axencia Tributaria Galega, algo que, recordó, cuenta con el consenso de todos los grupos parlamentarios, que el pasado 9 de junio aprobaron por unanimidad en la Cámara solicitar la creación de este órgano.
La Axencia autonómica tendría también potestad sancionadora en cuestiones tributarias. De hecho, aumentar el control contra el fraude es uno de los objetivos que se marca la Consellería. "Non se trata de aumentar a presión fiscal, senón de mellor a xestión do que hai e establecer liñas eficaces de loita contra o fraude" aseguró.
En lo referido a política fiscal, Fernández Currás aseguró que su departamento seguirá trabajando par proponer medidas encaminadas a la "redución selectiva" de impuestos, con la vista puesta en aumentar la liquidez de familias y empresas, estimulando así el consumo y reactivando la economía.
En esta línea inscribió la rebaja cercana al 50% de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, para favorecer la compra de viviendas a menores de 36 años y familias numerosas. Una medida que la portavoz del grupo socialista en la Comisión, María José Caride calificó de "raquítica" por suponer un ahorro máximo de 5.400 euros en el caso de las familias, y de entre 810 y 1.260 en los jóvenes. "É a metade do que se dá como axuda ao automóbil, que é unha inversión moito menor" criticó la socialista, que puso en duda que esta medida vaya a dinamizar un sector inmobiliario que la conselleira confirmó como "un dos máis afectados pola crise".