Puy Fraga, Leiceaga y Quintana defenderán en el Congreso la proposición para reclamar las competencias de tráfico

El Parlamento aprobó por asentimiento la designación de los diputados que defenderán ante el Congreso las proposiciones de ley que están pendientes y que afectan a temas clave para Galicia, como son la reclamación de las competencias de tráfico, la reforma del voto emigrante y la modificación de la ley de puertos del Estado.

Los encargados de defender los intereses gallegos en la proposición de ley de transferencias complementarias a Galicia en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial serán Pedro Puy Fraga (PPdeG), Xaquín Fernández Leiceaga (PSdeG) y Anxo Quintana (BNG). Junto a estos tres titulares, fueron designados los respectivos suplentes: Antonio Rodríguez Miranda (PP), Ismael Rego (PSdeG) y Teresa Táboas (BNG).

Por lo que respecta a la modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) para posibilitar la homogeneización del procedimiento de voto de los residentes en el exterior con el resto de los ciudadanos --es decir, el voto en urna de los emigrantes--, los titulares son Manuel Ruiz Rivas (PP), Xaquín Fernández Leiceaga (PSdeG) y Carlos Aymerich (BNG). Los suplentes respectivos son Antonio Rodríguez Miranda, Marisol Soneira y Alfredo Suárez Canal.

Finalmente, también fueron elegidos los diputados que defenderán la proposición de ley que modificará la ley de 1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que serán Agustín Baamonde (PPdeG), Francisco Cerviño (PSdeG) y Bieito Lobeira (BNG). Los tres suplentes son José Manuel Balseiro, Beatriz Sestayo y Ana Luisa Bouza, de PP, PSdeG y BNG respectivamente.

La defensa de la posición gallega en estas proposiciones de ley tendrá lugar en los próximos meses, en función del calendario que fije el Congreso de los Diputados. Los temas afectan a cuestiones de gran calado autonómico, en los que se ha llegado a consensuar posturas reivindicativas comunes por parte de los tres grupos parlamentarios.

LAS FUNDACIONES SE INCLUIRÁN EN LOS PRESUPUESTOS EN 2010

El pleno de la Cámara, que comenzó con la lectura de una declaración institucional de condena del último atentado mortal de ETA, aprobó la reforma de la Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario que busca posibilitar que los 53 fundaciones y consorcios participados por la Xunta se incluyan en los Orzamentos de Galicia y estén sometidas a control parlamentario. La modificación fue aprobada únicamente con los votos a favor del grupo del PPdeG, ya que socialistas y nacionalistas coincidieron en calificarla de limitada, abogando por una reforma integral de la legislación en la materia.

La conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, defendió la urgencia de tramitación de la reforma, ya que así podrá estar operativa en los próximos presupuestos de la Xunta de 2010. Además, señaló que la medida posibilita una mayor transparencia, ya que ahora estas fundaciones no tenían que pasar por el control del Parlamento que deben sufrir las cuentas autonómicas.

Desde el BNG, Fernando Blanco señaló que no se había seguido el camino adecuado y se posicionó en contra porque "temos serias dúbidas xurídicas". Alertó de "certa imposibilidade de aplicar a reforma na práctica", porque colisiona con otras normativas vigentes, como la ley de fundaciones. Sugirió que se retirese y se iniciase una reforma más completa a través de un procedimiento ordinario, incluyendo aportaciones como las recomendadas por el Consello de Contas.

Desde las filas del PSdeG, María José Caride coincidió con Blanco en señalar que la situación anterior no suponía que hubiese "descontrol" en las fundaciones, ya que estaban sometidas a la intervención pública. Calificó la reforma de "pobre, curta e que non obedece á mellora da transparencia" y tachó la aprobación de "ocasión perdida" para una reforma más amplia. "Esperen e fagamos un novo proxecto que permita cubrir todas as eivas", propuso Caride, que también instó a la conselleira a informar de las medidas que tomará la Xunta para reactivar la economía, lamentando la bajada de la licitación de obra pública, entre otras cuestiones. Desde el PPdeG, Pedro Puy defendió la reforma e insistió en la transparencia que aporta.