DENUNCIA DE DESPILFARRO
La Xunta acusa al bipartito de gastar 50.000 euros mensuales por el alquiler de cuatro plantas para oficinas
Primero fueron los coches, y ahora los alquileres. El Gobierno del PP sigue aportando datos a los ciudadanos de lo que consideran “despilfarro” del bipartito. El delegado territorial de la Xunta en A Coruña, Diego Calvo, denunció un gasto mensual de casi 50.000 euros por el alquiler de cuatro plantas en el edificio “Proa” del barrio coruñés de Matogrande. Los locales se destinan a cuatro salas de lo contencioso, dos de lo mercantil y la planta más alta, la octava, estaba pensada, según Calvo, para ubicar dos despachos para el ex conselleiro Méndez Romeu y su secretario xeral de Presidencia, Santiago Roura. Una planta con vistas y moqueta que, denuncia el “superdelegado”, se retiró cuando empezaron las denuncias del PP en 2009. Se hizo una nueva distribución y ahora una sala de 70 metros cuadrados la ocupan seis funcionarios.
El alto coste del alquiler de las instalaciones no es el único problema que denuncia Calvo. Las condiciones del contrato, dicen, son “leoninas”. Está firmado hasta 2011 y, si la Xunta quiere rescindirlo, tendrá que pagar más de dos millones de euros, la totalidad del contrato. Decididos ya a continuar con el alquiler, dado el precio de su anulación, Calvo advierte además de que deberán estar atentos para avisar de que no se desea prorrogarlo. Si no se avisa con seis meses de antelación el contrato queda renovado por seis años más.
Además del gasto mensual, el delegado territorial de la Xunta aportó datos sobre la inversión necesaria para habilitar las instalaciones como oficinas. Se gastaron 600.000 euros en su acondicionamiento y 300.000 más en climatización.
Calvo reconoce que uno de los problemas que se ha encontrado a su llegada a la delegación es la dispersión por la ciudad de las dependencias de la Xunta. Para intentar corregirlo estudia, junto a los jefes territoriales, una reordenación de los espacios. En el Proa intentarán reubicarse las oficinas de Benestar e Traballo, repartidas por la ciudad. La reubicación afectará también al edificio de servicios múltiples. Calvo advierte de que se acabaron las delegaciones estanco y que cada área disponga de su sala de juntas. Se habilitarán salas de reuniones que cada delegación podrá solicitar mediante reserva.
TORRE DE JUSTICIA
El delegado territorial reconoció también los problemas de espacio que sufre la administración de justicia en la ciudad. Calvo mostró su disposición a que la Xunta financie la construcción de la proyectada Torre de la Justicia, siempre y cuando el Ayuntamiento ponga los terrenos. Si no lo hace, la Xunta tiene que adecuar las instalaciones ya existentes y hacer una planificación sobre las necesidades para los próximos dos o tres años.
Sobre el puerto exterior, Calvo garantizó la “implicación” de la Xunta con la obra. Recuerda que los representantes del Gobierno gallego en el Consejo de Administración votaron a favor de la obra, cuando el Ejecutivo central lo hizo en contra. El delegado territorial no cierra las puertas a la financiación privada y a estudiar todo tipo de alternativas, incluido el elevar la edificabilidad en la zona de muelles.