FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Acuerdo de Galicia y Castilla-León para exigir al Gobierno más peso de la dispersión y de la emigración

Galicia y Castilla-León han unido fuerzas de cara a la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. Los presidentes de ambas comunidades gobernadas por el PP, Alberto Núñez Feijóo y Juan Vicente Herrera, sellaron una voz única de cinco millones de habitantes para la negociación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de una financiación sin privilegios, basada en el coste real de los servicios y no en el censo de la población, y ajustada a los principios de suficiencia, igualdad, autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal.

Éste es el contenido de la declaración firmada en Valladolid entre los presidentes de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, y de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, durante la primera reunión oficial de ambos mandatarios autonómicos y tras la llegada del presidente gallego al cargo. “No queremos que unos pierdan y ganen otros o que los que ganen sean a costa de los que pierden”, afirmaron en una rueda de prensa conjunta tras una entrevista de casi una hora y media en la que expresaron la preocupación por cómo lleva a cabo el Gobierno la negociación.

Herrera no ahorró calificativos para al “desorden, frivolidad y falta de respeto” del Gobierno en la negociación y censuró que el viernes la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, no le avanzara ninguna cantidad ni cifra en la reunión que mantuvieron en Madrid y el domingo se hayan conocido datos en la prensa, lo que valoró como una “tomadura de pelo”.

El presidente de la Junta recalcó que la reforma del modelo tiene que conducir a que todas las comunidades mejoren su financiación, pero no a costa una de otra, y prometió firmeza en la defensa de los intereses de Castilla y León sobre los recursos adicionales que el Gobierno ponga sobre la mesa. “Quiero saber el esfuerzo del Gobierno para mejorar los servicios básicos y discutir los criterios”, afirmó, en referencia a que debe primar la ponderación de la población asistida, el 6,8 por ciento en Castilla y León sobre un censo real del 6 por ciento sobre el conjunto estatal y las cuatro variables recogidas en el Estatuto de Autonomía (extensión, dispersión, baja densidad y envejecimiento).

“Iremos y seremos los últimos en levantarnos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, incluso sí hay que decir que no”, aseveró el presidente de la Junta, posición a la que se sumó el titular de la Xunta, que explicó que el documento firmado hoy, similar al que Castilla y León suscribió en julio de 2008 con Asturias, sella una “posición común, es objetivo y solidario y no oculta nada”.


MISMA IDENTIDAD

Núñez Feijoo y Herrera sostuvieron que las comunidades realizan, con estos acuerdos, una labor que corresponde al Gobierno de la Nación en el sentido de aunar posiciones como arbitro y garante en el cumplimiento de los principios constitucionales, y colocaron este acuerdo no en una “identidad” en las siglas, sino en una “misma identidad en una España plural y solidaria”.

El mandatario gallego recalcó que Castilla y León y Galicia suman juntas cinco millones de habitantes que, bajo una voz única, las sitúa entre las comunidades más pobladas cuando se negocie el modelo en la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En este sentido, remarcó que se debe primar lo que cuestan realmente los servicios, igual que cuando se realizó su traspaso a las comunidades autónomas, y no el censo de la población.

En el nuevo modelo, en el que “nadie debe perder”, el documento firmado por ambas comunidades se sustenta en los principios de suficiencia –financiación acorde al coste real y no al censo-, igualdad en el acceso de los servicios para todas las comunidades y corresponsabilidad fiscal de las autonomías, de manera que se aumenten las competencias normativas y gestoras a las autonomías sobre los tributos cedidos y compartidos. “La población sin ajustar daría un modelo injusto”, apostilló Núñez Feijoo.

El presidente gallego resaltó cinco cuestiones de un documento que realiza hasta once consideraciones al Ministerio de Economía y Hacienda y asienta la reforma del modelo en dieciocho principios, entre ellas que los recursos tributarios que se destinen al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales no sea inferior al 85%, que la recaudación normativa se aproxime a la real para corregir las diferencias de los territorios que han crecido en población, que la dispersión se valore en el 1,2%, que se mejore la puntuación sobre el envejecimiento y que se tenga en cuenta la población exterior de las comunidades, un 15% de gallegos reside fuera de España y el 5 en el caso de Castilla y León.

Tanto Herrera como Núñez Feijoo criticaron que las únicas cifras que remitió el Gobierno a las comunidades tenga la fecha del 30 de diciembre de 2008, ya que desde entonces no han recibido “ni un papel más”, y que el Ejecutivo sólo tenga reuniones bilaterales, mientras que defendieron la multilateralidad para un sistema que debe basarse en la equidad y la solidaridad, valor que en tiempo de crisis no se puede penalizar, en palabras del presidente gallego.

Principios para la reforma

El documento de consenso recoge dieciocho principios como el pleno respeto a la Constitución, la multilateralidad del proceso, la corrección de déficits, el respeto de los principios de suficiencia global del sistema, la incorporación de los costes reales derivados de la aplicación de la Ley de Dependencia, la fijación de las necesidades reales de las comunidades en función del gasto o que la población no sea la única variable para fijar las necesidades.

También que la recaudación real esté ajustada conforme al ejercicio por las comunidades de su competencia normativa, la incorporación de mecanismos de revisión periódica del sistema, la aplicación de una cláusula para que ninguna comunidad empeore su posición por la reforma, la plena efectividad del principio de lealtad institucional establecido en la LOFCA y en la Constitución, la mejora del Fondo de Compensación Interterritorial, el avance en los principios de autonomía o corresponsabilidad fiscal o que se aborde en este momento la financiación local.