DEMANDAS
Galicia y Castilla y León reclaman al Gobierno que adelante la revisión de la Ley de Dependencia a 2009
La conselleira de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia, Beatriz Mato, y el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, César Antón, coincidieron en la necesidad de que el Gobierno central adelante la revisión de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en un año y se evalúe en este ejercicio de 2009, con el fin de revisar el modelo, reajustar los trámites y mejorar la gestión, con el último objetivo de dotarla de agilidad para los beneficiarios.
Así lo expusieron ambos responsables en su comparecencia ante los medios de comunicación para explicar el resultado del primer encuentro bilateral entre ambos territorios, tras la reunión que mantuvieron los presidentes de ambas regiones, Juan Vicente Herrera y Alberto Nuñez Fijóo, el lunes.
Antón, quien dijo que Galicia y Castilla y León, “a parte de ser comunidades vecinas, amigas y limítrofes, tienen características similares”, recordó que la Ley de Dependencia fija que en el año 2010 debería realizarse la primera revisión de la normativa. “Ya en un Consejo Territorial pedimos al Ministerio, y lo aceptó, que era bueno que se adelantara esa revisión a 2009. No conocemos esa previsión”, denunció, para precisar que muchas comunidades, más allá de Castilla y León, consideran que es el momento.
En este sentido, Antón denunció que el Gobierno central no ha cumplido con el desarrollo normativo, de una “ley complicada” que afecta a muchas personas. Así, aunque están aumentando las prestaciones por cuidados en el entorno familiar, éstos aún no han recibido una formación cuando así lo indica la Ley. “Todavía no hay un desarrollo global, básico y común para formar a estos cuidadores”, denunció.
En tercer lugar, el consejero criticó la falta de una financiación prolongada en el tiempo, para hacer frente, “sobre todo las comunidades”, a su aplicación. “Lo han dicho todas las autonomías, no podemos estar cada año pendientes de la financiación que destinan los Presupuestos Generales del Estado para la plena y real aplicación de las prestaciones y servicios que les corresponden. No está garantizada y asegurada en el tiempo”, dijo.
La conselleira de Traballo e Benestar se pronunció en el mismo sentido. Reconoció, que la aplicación de esta norma es uno de sus “mayores quebraderos de cabeza”, porque es algo que les “ocupa y preocupa”, a diferencia, mantuvo, del Gobierno autonómico que les precedió. “Se ha demostrado que fue un auténtico fracaso, por la parte que le corresponde al Gobierno central en aspectos que debería cumplir y no cumple, como en materia de financiación y en las responsabilidades que asumió el Gobierno anterior y no realizó”, en alusión a sus predecesores en Galicia.
“Esto se resume en cifras, pero detrás de cada cifra hay una persona”, precisó Mato, quien criticó que durante los dos últimos años “ha estado escondida en el cajón una serie de personas, que han solicitado una ayuda y no ha aparecido hasta que ha llegado este Gobierno”. “Hoy Galicia tiene del orden de 77.000 solicitudes presentadas, de las que 37.000 tienen derecho reconocido para tener esta atención cubierta, y nos hemos encontrado con que sólo 12.500 grandes dependientes están siendo atendidos”, mantuvo, para añadir que lamenta que “el Gobierno de España no se haya involucrado más en el desarrollo de la Ley, que es una Ley buena, pero que está asfixiando a todas las autonomías”.
En la reunión, que sirvió de primera toma de contacto, los dos responsables de servicios sociales analizaron el modelo de aplicación de la Ley que desarrolla Castilla y León, al tiempo que compartieron programas en común en la materia, políticas de familias, organización territorial de prestación de los servicios de ambos territorios (centros de acción social, colaboración de ayuntamientos y diputaciones a la hora de prestar servicios sociales; programas y servicios para mayores, personas con discapacidad; inclusión social).