TUTELA
La Fiscalía interpone una querella criminal contra los padres del niño obeso
La Fiscalía de Ourense interpuso una querella criminal contra los padres del menor con problemas de peso por un delito de desobediencia y de sustracción de menores, según anunció el Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial, Florentino Delgado. El niño se encuentra oculto por decisión su familia desde que se decretó su ingreso en un centro de menores de barrio ourensano de A Carballeira y ayer los padres hacían público que no entregarían al menor.
El anuncio fue realizado este mediodía en una rueda de prensa en la que compareció el Fiscal Jefe, quien comenzó su intervención asegurando que la actuación del Ministerio Fiscal “parte desde la premisa de protección a ultranza del menor” que “es lo que interesa al Ministerio Fiscal más allá de las consideraciones mediáticas”, dijo.
El Fiscal Jefe aseguró que la interposición de esta querella criminal se realiza tras una valoración “meditada y pausada”, ya que “tiene que ver con que todos están bajo el imperio de la ley” y desde la Fiscalía “no estamos dispuestos a que se desoiga la resolución de la administración”, indicó.
En este sentido, afirmó que cuando los padres del niño se niegan a cumplir con la resolución de la administración “tomándose la justicia por su mano” están “atacando al principio democrático de que nadie está por encima de las leyes”, advirtió. “Como nadie está por encima de las leyes, el Ministerio Fiscal tiene la obligación de interponer una querella. No es un tema nuevo”, aseveró.
HECHO DELICTIVO
Florentino Delgado manifestó que el abogado de la familia todavía no tiene conocimiento de esta medida, ya que fue interpuesta esta mañana y con ella, quieren que los padres “sepan que hay indicios de que están cometiendo un hecho delictivo porque se han opuesto radicalmente a cumplir una resolución de la administración”.
En este sentido, el Fiscal Jefe manifestó que la resolución de la administración tuvo “su refrendo y visión judicial” y por lo tanto, “no estamos dispuestos de que se permita el lujo de no cumplir lo que dicen las resoluciones administrativas que están dictadas de acuerdo a la legalidad”.
Florentino Delgado señaló que dicha protección del pequeño de 9 años “ha venido desarrollándose tiempo atrás” ya que aseguró que en octubre del año 2008 “hubo resoluciones administrativas” en las que se puso de manifiesto que “podría haber algún problema con el joven Moisés” y la Xunta de Galicia “actuó con esa consideración de protección dando las pertinentes resoluciones para obtener la mejora del chico que tenía un problema”.
El Fiscal Jefe de Ourense aseguró que dichas intervenciones fueron “sucesivas” y vienen a “suponer” que “se ha querido llamar la atención de los padres y de la familia” del niño “poniéndoles de relieve que el chico tenía un problema y que había que intentar atajarlo”.
En este sentido, la actuación de la Xunta de Galicia “respaldada por el Ministerio Fiscal” fue “primero dentro del ámbito familiar” porque, en palabras de Delgado “no se quiso realizar ninguna actuación desproporcionada en atención a las circunstancias”.
INACTIVIDAD DE LOS PADRES
Florentino Delgado señaló que las actuaciones de la administración autonómica se han ido incrementando conforme “se ha ido no haciendo caso a las resoluciones de la administración” por parte de los padres y de los familiares del niño “que no tuvieron una conducta activa” respecto a la situación del menor.
Para el Fiscal Jefe, la “inactividad de los padres” del niño motivó que la situación del menor fuese “agravándose” ya que la Xunta de Galicia detectó que “no se iba a mejor” y fue “dando toques de atención a los padres para que colaboraran con la administración”.
De hecho, explicó que “perece” que los padres “lo entendieron con pasividad” ya que su “conducta activa empezó cuando ya no ha quedado más remedio que decirle a los padres que si ellos no pueden la Xunta les puede ayudar recogiendo al chico durante el tiempo que sea necesario para poder atender la problemática que tiene”.
NO SE QUIERE QUITAR LA PATRIA POTESTAD
Florentino Delgado manifestó que hasta la fecha se ha “querido dar a entender” que “lo quiere la Xunta de Galicia con conocimiento del Ministerio Fiscal” era “la privación de la patria potestad”, algo que, señaló “no es cierto”.
El Fiscal Jefe explicó que el sentido último de las resoluciones administrativas en este caso se centraban en “tener” la custodia del pequeño “el tiempo necesario” para poder “evaluar bien el problema y darle la solución” mientras que “se ha querido dar a entender que lo quiere la administración es retirar a un hijo de sus padres”.
Delgado señaló que esta visión “resulta llamativa” aunque insistió en que “no es así” porque la administración “quiere ayudar a los padres aunque los progenitores “no quieren dejarse ayudar”. “Desde el ámbito familiar no dicen que el niño está bien y si lo está después de una evaluación volverá a su ámbito familiar que es donde debe estar pero no se debe creer todo lo que se nos diga desde el ámbito familiar”, aseveró.
De hecho, señaló que no se quiere “extirpar” a un menor de su familia sino “ayudar a un joven” y para ello “no se está quitando a nadie la patria potestad” sino que lo que se quiere es valorar al niño, ayudarle y si necesita alguna intervención que los padres no puedan hacer”. En este sentido, Delgado manifestó que la visión de que la administración es la “mala de la película” no es “cierta” porque “aquí nadie quiere quitar a un hijo a sus padres”.
PENAS INFERIORES A DOS AÑOS
Con la interposición de esta querella criminal los padres del niño obeso se enfrentan a una pena inferior a dos años de prisión y por lo tanto no tendrían que ingresar en prisión.
El Fiscal Jefe explicó que “no pedimos la prisión” porque no tendría sentido “pedir la prisión para unos padres” que “están equivocados”. “Su primera equivocación es en la valoración de su hijo y su segunda equivocación que es la que me atañe es el oponerse radical y frontalmente a una decisión de la autoridad que está acaparad judicialmente”. Florentino Delgado señaló que por ello, no se ha pedido ninguna medida cautelar de tipo personal contra los progenitores por lo que “no hemos pedido ni la prisión ni la detención por ahora”.
De hecho, señaló que los padres “ya están obligados a entregar el niño desde hace tiempo” y como “han dicho que no lo entregan porque no quieren” se trata de un delito de desobediencia. “Todos tenemos que cumplir las decisiones que legalmente toman los poderes públicos”, aseveró.