SE ACABA EL PLAZO
Los padres del niño obeso presentan pruebas psicológicas para "demostrar" que le perjudicaría su ingreso en el centro
Los padres del niño de diez años con problemas de obesidad presentaron en el juzgado de instrucción número 2 de Ourense varias pruebas, entre ellas una pericial psicológica, con el que los progenitores pretenden “demostrar” que sería un “perjuicio” el ingreso del menor en el centro de protección de menores de A Carballeira, en la ciudad de Ourense.
El abogado de los progenitores, José Manuel Rodríguez, señaló que los padres “pagaron” este examen psicológico después de que el Ministerio Fiscal “no atendiese” la petición de los padres de que el niño fuese visto por dos psicólogos especialistas independientes para que dictaminaran si su ingreso en el centro de protección de menores de A Carballeira podría representar algún tipo de “trauma o perjuicio” para el menor.
Los progenitores llegaron a asegurar que si confirmaban que el ingreso en el centro “era más seguro y conveniente” que un “tratamiento dietético y de modificación de la conducta alimentaria en el ambiente familiar y entorno comunitario” serían favorables al ingreso.
Con las pruebas presentadas esta mañana en el juzgado por la procuradora, el abogado señaló que se demuestra que “no hay voluntad rebelde al cumplimiento del mandato de entrega” sino “el ejercicio responsable que tienen como padres de proteger los intereses del niño” porque su postura se basa en una “causa justa”.
Luis Montoya y Margarita Gabarres presentaron estas pruebas después de que la pasada semana acudieran al juzgado de instrucción número 2 de Ourense en calidad de imputados por la querella criminal presentada contra ellos por la Fiscalía de Ourense, por un delito de desobediencia y sustracción de menores, ya que se negaban a entregar a su hijo para que ingresase en el centro de menores.
Esto se produce después de que el juez les requiriera a los padres a que entregasen el niño bajo el apercibimiento de la comisión de un delito de desobediencia o que dijeran donde estaba en un plazo de cinco días, plazo que expiró.
El abogado señaló que, al ser una “cuestión de tipo civil” cree que “debe ser en la vía civil donde se dilucide y se decida finalmente lo más conveniente a los intereses del niño”. Con todo, considera que la actuación de los padres “en ningún caso puede considerarse como una actuación delictiva y perseguible por vía criminal”.