PARLAMENTO
Guerra defiende la seguridad de la ley eólica frente a las acusaciones de "revanchismo" de la oposición
El conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, ha defendido la "seguridad jurídica" que proporcionará al sector la ley de aprovechamiento eólico frente a las acusaciones de los grupos de la oposición, PSdeG y BNG, que coincidieron en calificar de "revanchismo político" el proyecto de la Xunta.
El proyecto de ley continuará su trámite parlamentario una vez que se produzca la votación de las enmiendas de totalidad defendidas por los grupos de la oposición y que el PP, grupo mayoritario en la Cámara y que apoya al Gobierno, haya anunciado su rechazo a estas enmiendas y su voto favorable a que el proyecto inicie su tramitación en el Parlamento.
El texto aprobado el pasado 29 de octubre por el Consello de la Xunta y debatido elimina la "participación pública", uno de los "elementos de ilegalidad" detectados por el Ejecutivo actual y por los tribunales, según Guerra, e introduce la figura de un "canon" con carácter finalista y medioambiental que se invertirá en los municipios en los que estén instalados los parques, así como un Fondo de Compensación Ambiental.
Los adjudicatarios de los parques no recibirán la devolución de la fianza del 2 por ciento sobre el proyecto industrial hasta que éste no se ponga en marcha para "evitar especulación" y que se transmita el parque de un concesionario a otra empresa.
En opinión de Guerra, el proyecto dotará de seguridad jurídica y terminará con las "tachas de ilegalidad" advertidas por el Consello Consultivo, la Asesoría Jurídica de la Xunta y el TSXG y apuntó que el texto ha sido consultado con expertos independientes.
Según el conselleiro, con el decreto derogado propuesto por el bipartito en 20 años, la vida útil de un parque, la Xunta obtendría 570 millones de euros por su participación pública, mientras que mediante el canon propuesto por el actual Ejecutivo, Galicia recaudará 1.032 millones de euros, "casi el doble". "¿Les molesta que cumplamos el programa electoral o es que tienen ustedes intereses oscuros para defender el anterior decreto?", preguntó el conselleiro a los grupos del PSdeG y el BNG.
Para Abel Losada (PSdeG), el único objetivo de la ley es la "reprogramación ideológica y el revanchismo político" y criticó que para la Xunta el territorio y el medio ambiente sean "selváticos", en donde "todo vale", ya que el proyecto del Gobierno gallego, excluye a la mayoría de los parques, según denunció, de presentar la Declaración de Impacto Ambiental.
También reprochó al conselleiro que el Fondo de Compensación Ambiental es un instrumento de discrecionalidad "al servicio del comisario político (Alfonso) Rueda" y afirmó que las autorizaciones administrativas serán "para los amigos". "Se trata de una vuelta atrás a los tiempos de Manuel Fraga", consideró.
También se mostró muy crítico el portavoz del BNG, Fernando Blanco, que coincidió en la crítica de "revanchismo político" de la Xunta para no continuar con el decreto eólico aprobado en la anterior legislatura. Blanco defendió la participación pública, sobre todo en un momento en el que "todo se puede privatizar bajo la disculpa de la competencia", dijo y se preguntó "qué intereses espurios" defiende la Xunta.
El diputado del BNG calificó la gestión del PP en el sector eólico como un "expolio" por parte de empresas "de fuera que explotaron los recursos igual que en los procesos de colonización". "Empresas de fuera, que pagan impuestos fuera y que generan muy poco trabajo aquí", afirmó Blanco sobre los propietarios de los parques eólicos durante el anterior gobierno del PP. "Ese es el modelo que les gusta", concluyó.
El diputado del PPdeG Pedro Arias calificó a los grupos de la oposición como "fabricantes de miseria eólica" por la "paralización", a su juicio, del sector en la legislatura pasada. "Se creen los amos del universo y de las esencias de Galicia, pero son un esperpento práctico y Galicia los ha calado y los ha puesto en la oposición", señaló.