IRREGULARIDADES
La Xunta trasladará al Consello de Contas el expediente sobre la compra de la sede de Sogama
El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, anunció en la Cámara que su departamento trasladará al Consello de Contas el expediente sobre la adquisición de la sede de la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama) en Santiago de Compostela para que el ente fiscalizador investigue las supuestas "irregularidades" de las que -según afirmó Hernández- está "plagado" el proceso, cuyo coste situó en 1,6 millones de euros.
"Comprouse unha sede que non facía falta, por un prezo superior ao do mercado e cun procedemento non moi rigoroso", criticó Hernández, quien añadió que las obras fueron realizadas sin licencia municipal y, en la actualidad, continúan vacías y sin contar con la necesaria licencia de actividad. Asimismo, alertó de que "non se sabe se as obras se axustan á legalidade", por lo que podrían no recibir autorización municipal. Al respecto, lamentó que "os problemas coa licenza impiden buscar unha saída ás instalacións".
En comparecencia en la sesión plenaria a petición del grupo popular, Agustín Hernández aseguró que la compra de la sede --autorizada por el Consejo de administración de Sogama en 2006-- supuso un "gasto innecesario" porque Sogama ya dispone de unas oficinas en Cerceda (A Coruña) de más de 2.000 metros cuadrados.
Asimismo, criticó el "dispendio" en el acondicionamiento de la sede, que habría costado más de 600.000 euros y que incluyó "caprichos estéticos" como paneles decorativos de 27.000 euros o cambios de pintura por 15.000 euros. El conselleiro hizo un repaso del proceso de contratación y señaló que un acta del consejo de administración de Sogama previa a la compra incluía una reflexión sobre la falta de oportunidad de dicha adquisición.
LA OPOSICIÓN: "SE TEÑEN DÚBIDAS, INVESTIGUEN"
Frente a estas declaraciones, los grupos de la oposición coincidieron en criticar que la Xunta priorice una comparecencia sobre este tema y no sobre otros de más trascendencia para Galicia, además de instar al Gobierno gallego a acudir a la justicia si existen las dudas e irregularidades que apuntan. "Se vostedes teñen dúbidas, investiguen, retaron tanto Isabel Sánchez Montenegro (BNG) como Carmen Gallego (PSdeG).
La diputada socialista señaló que "o normal sería que o Goberno de Galicia estivera especialmente preocupado en preparar a este país para saír da crise" en vez de estar ocupado en "mirar polo retrovisar, facer oposición á oposición e seguir mentindo como fixeron na campaña". En su opinión, la Xunta ha hecho "fogos de artificio" con el tema.
"HIPOCRESÍA" TRAS RECHAZAR INVESTIGAR LA DE LA FEGAS
Además, aprovechó para recriminar que la Xunta del PP quiera "volver a un modelo centralizado e incinerador" y los acusó de no haber querido contar nunca con una "verdadeira sociedade galega de medio ambiente, que aposte pola reciclaxe, polo sector público e pola concienciación ambiental".
Por su parte, Sánchez Montenegro señaló que el BNG defiende "a investigación, non a inquisición" y acusó al conselleiro de actuar como "hooligan do PP". La diputada nacionalista indicó que los políticos deben actuar con un "plus de honradez, claridade e transparencia no uso dos recursos públicos", pero criticó a la Xunta por "xerar dúbidas sen fundamento". "Parece que despois de levantar alfombras, moito lixo non atoparon", ironizó.
Las diputadas de PSdeG y BNG recordaron que el PP rechazó en el anterior pleno crear una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en la compra de la sede del PP y de la Fegas, y le reprocharon su "hipocresía" al respecto. Carmen Gallego indicó que la sede de Sogama fue 392 euros por metro cuadrado más barata que la de la Fegas, pese a haber sido comprada cinco años más tarde.
Desde el grupo parlamentario popular, Antonio Rodríguez Miranda criticó el "despilfarro" de la compra, del que responsabilizó al anterior conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez. La adquisición, reprochó, se hizo "ao máis puro estilo socialista: despilfarrando e con desprezo das arcas públicas". Finalmente, Rodríguez Miranda se preguntó por un supuesto sobrecoste de 200.000 euros en el proceso. "Que pasou con eses cartos?", cuestionó.