El Puerto de Vigo se pondrá en manos de un abogado del Estado para intentar abaratar las tarifas de la instalación de bateas

El Puerto de Vigo se pondrá en manos de un abogado del Estado para estudiar las posibilidades de abaratar las tarifas de la instalación de bateas, según afirmó su presidente, Abel Caballero. En una rueda de prensa tras una reunión con la Asociación de Bateeiros de la Ría de Vigo, Caballero explicó que su organismo "contribuirá" a reducir las tarifas que pagan los propietarios de estas estructuras debido al espacio marítimo que ocupan. En este sentido, Caballero reconoció que el gran aumento de los precios registrado en los últimos años "no fue apropiado" y explicó que esta medida no depende del organismo vigués sino de la Ley de Puertos de 1993. Según el presidente portuario, con esta ley "se multiplicó por 12" el importe anterior a la ley de 272 euros anuales por cada batea, llegando a los 3.000 euros lo que constituye un aumento "injustificado". También explicó que la nueva normativa debería de estar ya aprobada pero lleva paralizada siete meses, "debido a que no se logran mayorías", opinó. Por ello, el Puerto continuará trabajando en la reducción de los precios dentro de la legalidad, para lo que recurrirá a un abogado del Estado. El informe que realice el jurista del Estado verá la luz a mediados de septiembre, según apuntó Caballero. A partir de ahí, volverá a concertar una cita con los bateeiros para debatir las las conclusiones del documento. Respecto a las reivindicaciones de los productores en protesta por los elevados precios, se mostró "cercano a ellas". Según explicó, deberían remitir hasta que salga el informe del abogado, aunque concluyó que el Puerto los respetará si deciden continuar sus protestas. Normativas En sus declaraciones de esta mañana, el mandatario explicó que el Puerto realiza una interpretación de la normativa actual, de 1993, que resulta la "más favorable" para los productores y le aplica la tarifa más baja posible. Los bateeiros tienen una cuota anual de 508 euros, frente a los 3.000 que marca la aplicación estricta de la ley. Aún así, explicó que intentará "retrasar y disminuir" las facturaciones con el fin de que algunas de ellas se puedan tramitar por la futura legislación. Aún así, explicó que la nueva ley de Puertos paralizada en el Parlamento español, logrará que los precios vuelvan a ser los anteriores a la normativa de 1993, cuando se situaban en torno a los 272 euros al año por cada batea. También incluirá una tarifa específica para estas estructuras ya que, en el marco legal vigente, se engloban en la categoría de "objetos flotantes".