PARLAMENTO

La reforma de la Lei do Solo sigue su tramitación con el "si condicionado" del PSdeG y el rechazo del BNG

El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, defendió la "modificación necesaria e imprescindible" de la Lei do Solo de Galicia para adaptar sus usos en los núcleos rurales. Lo hizo en defensa del texto de la Xunta frente a la enmienda de devolución a la totalidad presentada por el grupo del BNG, que no prosperó por los votos en contra del PPdeG y la abstención del PSdeG, justificada por la diputada Mar Barcón no como un sí al texto sino como una muestra de la "man tendida" socialista al "traballo conxunto" que se iniciará a partir de ahora con el objetivo de "pechar a vergoña" de seguir con el debate del territorio tras 30 años.

Agustín Hernández aseguró que la reforma que ahora continúa su tramitación parlamentaria buscar dar "maior axilidade" y una "ordenación máis consecuente coa natureza do medio rural", además de dar más reconocimiento competencial a los ayuntamientos. Así, incidió en que se simplifica la elaboración de los planeamientos municipales, acortando de tres a dos meses -un 33,3 por ciento menos de tiempo- los plazos de las sucesivas intervenciones de la Xunta en el proceso de aprobación. La única excepción será la fase de aprobación definitiva, que mantendrá el período habitual de tres meses.

Asimimo, se amplían las competencias municipales en suelo rústico al eliminar la autorización autonómica previa -a la que sólo se recurrirá como trámite de excepción- y se restablecen figuras como el plan especial de ordenación del núcleo rural, similar a los Planes Especiales de Reforma Interior (Peri) en el ámbito urbano. Según argumentó Hernández, la reforma contribuirá a delimitar urbanísticamente cerca de 30.000 entidades singulares existentes en el rural, sobre todo los más de 10.200 núcleos que tienen un mínimo de diez edificaciones.

En el debate parlamentario, la diputada nacionalista Teresa Táboas justificó la enmienda de su grupo por la "deixación de funcións" que supone por parte de la Xunta en aras de los concellos y porque "non ten sentido unha modificación da lei en profundidade sen ter aprobadas as directrices de ordenación do territorio". Para la parlamentaria del BNG, la Xunta "deixa o solo rústico á desfeita e á especulación".

En este sentido, Táboas recriminó al Gobierno del PP que "non lles chegara con estragar os núcleos urbanos e o litoral, que agora queren estragar o rural" y alertó de la posible "especulación inmobiliaria" que se permitirá, que irá en "detrimento doutros sectores produtivos". Además, criticó medidas de la reforma como la regulación de viviendas sin licencia, al entender que deberían repercutir en las arcas públicas y no dar la sensación de que "se pode construir onde se queira" porque "só pagan os que fan as cousas legais".

ABSTENCIÓN SOCIALISTA

Por su parte, la diputada socialista Mar Barcón justificó la abstención de su grupo en la votación de la enmienda nacionalista -que, en la práctica, supone apoyar la admisión a trámite de la propuesta-, argumentando que es un "si condicionado" a la propuesta, cuya urgencia, necesidad y alcance no comparten. De hecho, criticó el "cortaplacismo político e electoral" del PP en ordenación urbanística y ciñó la postura del PSdeG al deseo de alcanzar un gran pacto por el territorio.

"Non ofrecimos nen ofrecemos nen ofreceremos un pacto a calquera prezo", aclaró Barcón, puntualizando que el apoyo socialista "non é un si ao texto nen ao contido senón a que todos poidamos pechar as vergoñas de non ter superado o debate do territorio despois de 30 anos". Entre los aspectos que criticó, destaca que no se aprecia una rebaja en los tiempos de tramitación porque "a tramitación aínda se complica un pouco máis", y proclamó también que "catro reformas en sete anos non son máis que a manifestación das eivas desta lei".

Desde el PPdeG, Román Rodríguez defendió que la legislación urbanística no debe "entorpecer" las actividades económicas, especialmente en tiempos de crisis como los actuales. Además, criticó el planteamiento "puramente ideolóxico" del BNG, del que indicó que "non ten en conta á xente que vive no rural e que non queren ser un museo etnolóxico ao vivo".

DESBLOQUEO

El objetivo de la Xunta con esta reforma, según señaló el conselleiro en la Cámara, es finalizar con la situación de bloqueo de los ayuntamientos en Galicia en materia urbanística, ya que cerca de un 80 por ciento de los concellos está en alguna fase de tramitación de planeamiento, algunos de ellos desde hace más de 30 años. Así, sólo 43 municipios tienen planes en vigor, frente a 66 que carecen de cualquier tipo de ordenación y 247 que tienen sus planes en tramitación.

Agustín Hernández incidió también en el hecho de que la reforma cuenta con un amplio consenso con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), consenso al que emplazó a unirse a los grupos parlamentarios. Ante esto, Táboas (BNG) recriminó que no se hubiese consensuado desde el principio en ponencia parlamentaria; mientras que Barcón (PSdeG) alertó de que "quedan unha morea de cuestións que a Fegamp lles pediu que tramitasen" y no fueron atendidas.