PARLAMENTO
Touriñán, principal escollo para que el PSdeG apoye la reforma de la Lei do Solo
La ponencia parlamentaria para la reforma de la Lei do Solo concluyó sus trabajos y la posibilidad de autorizar actividades industriales en espacios naturales -en concreto, la piscifactoría de Touriñán- continúa siendo el principal escollo para que el PSdeG dé su apoyo al texto. PP -a favor- y BNG -en contra- tienen sus posiciones claras, pero la decisión socialista será tomada por la dirección del partido "ao longo dos vindeiros días". El próximo lunes, 15 de marzo, los grupos deberán votar el documento en comisión.
La diputada socialista Mar Barcón aseguró que el trabajo de la ponencia deja "moi mellorado" el texto pero proclamó que "debemos dar un paso máis" y recalcó que existe un "punto de desacordo importante" en lo que a los espacios naturales se refiere. "Nalgúns lugares non se poden consentir eses usos, porque hai espazos que temos que protexer", proclamó, indicando que esa es su "opinión personal" y que así la trasladará a la dirección de su grupo.
La posición del PPdeG a este respecto, según expuso Román Rodríguez, pasa por compatibilizar los usos industriales con los espacios naturales guardando las "máximas cautelas posibles", que serían las que fija la normativa europea, de la que señaló que "é a máis esixente do mundo". Asimismo, instó a los grupos -especialmente al PSdeG- "a non obcecarse só nun nome moi concreto", en referencia a Touriñán.
A este respecto, Mar Barcón reconoció que "é certo" que la normativa europea introduce muchas cautelas -"Touriñán, se se quere facer cumprindo coa normativa ambiental, non se pode facer", señaló- pero insistió en que es necesario dejar constancia "explícita" en la ley gallega de la imposibilidad de dichos usos en espacios naturales. "Hai moita costa para facelo", afirmó Barcón, quien abogó por "consensuar unha mensaxe de que non vale todo a calquera prezo". "Temos a obriga de facer pedagoxía co territorio", defendió la diputada socialista, quien, sin embargo, puntualizó que a día de hoy, no está decidido el voto de su grupo.
La posición del BNG en este punto es clara: que "non se autoricen estas instalacións en Touriñán nen en outros espazos naturais cun grao especial de protección". Así lo reiteró la diputada nacionalista Teresa Táboas, quien se mostró también muy crítica con la parte de la reforma que permite desarrollar planes de equipamientos públicos y privados en suelo rústico. "Nós pedimos que sexa só público", proclamó, alertando de los riesgos de que bajo esta figura se "agochen" iniciativas como la transición a lo privado del hospital de Pontevedra o la posibilidad de que la Administración expropie y facilite terrenos para construir colegios privados, por ejemplo. También incidió en la necesidad de que no se produzcan "agravios comparativos" si se concede un "amnistía" para las naves construidas de forma irregular.
En declaraciones a los medios tras finalizar la reunión de la ponencia, Román Rodríguez resaltó la "moi boa disposición" por parte de los tres grupos y defendió el "esforzo do PP por intentar incorporar emendas". Asimismo, calificó de "altísimo" el número de artículos que "saen por unanimidade, bastantes con transaccións".
Entre las enmiendas que se incorporaron al texto por parte del BNG figuran varias "cautelas" para ofrecer garantías en los procesos de regularización de naves industriales, según indicó la nacionalista Teresa Táboas. Así, y según desglosó la socialista Mar Barcón -quien comparte dichas cautelas-, las naves y polígonos industriales que sean legalizados deberán demostrar que tenían actividad desde antes de la entrada en vigor de la Lei do Solo (1 de enero de 2003), no deben contar con expedientes ni urbanísticos ni ambientales, tendrán que elaborar un plan parcial en el que se reserve un aprovechamiento de 10 por ciento para los ayuntamientos -como canon por la regularización-, y deberán contar con conexiones viarias y de abastecemiento. Estos requisitos deben cumplirlos en un plazo de tres años.