SEGURIDAD VIAL
La muerte de un niño que viaje sin cinturón podrá ser considerada homicidio
Los fiscales en materia de
seguridad vial podrán acusar de delito de homicidio o lesiones imprudentes a un
conductor, en caso de accidente en el que fallezcan menores o resulten lesionados por no
tener puesto el cinturón de seguridad o carecer de algún elemento de retención. También podrá imputarse un delito de "homicidio y lesiones imprudentes" a los
conductores en caso de accidente mortal si se comprueba que el vehículo tenía
los frenos o neumáticos deteriorados.
Estas son algunas de las conclusiones a las que han llegado unos cincuenta
fiscales que participaron entre ayer y hoy en las Jornadas Anuales de Fiscales
de Seguridad Vial en Santiago de Compostela.
Entre los puntos más destacables, el fiscal coordinador, Bartolomé Varga,
aludió la protección de los colectivos "más débiles", entre los que se incluyen
a personas discapacitadas, ancianos, ciclistas, motoristas y, especialmente, los
menores.
Indicó que es responsabilidad del conductor poner el cinturón de seguridad a
los menores que viajen en vehículo porque, justificó Vargas, el niño está en una
"absoluta indefensión" y no tiene consciencia de la importancia de este sistema
de seguridad.
Precisó que las medidas penales se aplicarán como "último recurso" y añadió
que el caso se remitirá a la Fiscal de la Sala Coordinadora de Menores cuando se
trate de personas unidas al menor por vínculos parentales o desempeñe funciones
de tutor.
El fiscal lamentó que más de la mitad de los menores fallecidos en accidentes
de tráfico en España en 2008 carecían del cinto de seguridad y concretó que de
los 76 niños perecidos el año pasado en las carreteras españolas, 40 no llevaban
sistemas de retención o protección.
Para evitar la muerte de menores en las vías, Vargas defendió la aplicación
de acciones formativas y educativas entre los conductores, continuar con las
campañas publicitarias de la Dirección General de Tráfico o imponer sanciones
administrativas específicas.
Otra de las conclusiones se refiere a la responsabilidad de los funcionarios
por no suprimir, deliberadamente, badenes, resaltos y bandas transversales
"irregulares" y que representen un "obstáculo" para los conductores.
Los fiscales podrán acusar a un funcionario de "delito" si, de manera
intencionada, no ordena la eliminación de un paso elevado "muy alto", sin
iluminación adecuada en la vía y mal señalizado, siempre y cuando la
administración local cuente con los medios, por ejemplo económicos, para
llevarlo a cabo.
Los alcaldes y los funcionarios, avisó Vargas, podrán ser acusados de
prevaricación omisiva cuando no remitan a la Jefatura de Tráfico la retirada de
puntos de un conductor. "Siempre y cuando existan medios y la voluntad consciente y deliberada de no
remitir las detracciones puntos, los fiscales examinarán la posibilidad de
ejercitar acciones penales por el delito de prevaricación omisiva", indica el
documento de conclusiones.
Preguntado por la responsabilidad de la Administración o de las empresas en
casos de mal estado de las vías, Vargas negó que la Administración sea
responsable y remitió la culpabilidad a un funcionario o a un alcalde.
Vargas insistió en la importancia de conservar el vehículo en un estado
adecuado, especialmente con la nueva normativa que entrará en vigor a partir del
24 de mayo.
Aunque reconoció que la crisis económica provoca que los conductores eviten
revisar el automóvil, Vargas consideró especialmente necesario controlar
periódicamente el estado de los neumáticos y de los frenos de los vehículos.
A este respecto, indicó que se podrá estar delante de un caso de "homicidio y
lesiones imprudentes" si una persona conduce un vehículo con frenos o neumáticos
deteriorados y causa la muerte a otro individuo.
El mantenimiento también deberá ser aplicado por las empresas, que podrán ser
acusadas de explotación laboral si el trabajador se ve "obligado" a viajar en un
vehículo de la compañía en un estado inadecuado.
Vargas insistió en que todos estos casos se llevarán al ámbito penal como
último recurso y la Fiscalía apostará, en primer lugar, por la prevención,
colaboración con los municipios y las sanciones administrativas.