PARLAMENTO
La Xunta defiende la independencia de la Axencia Urbanística frente a las críticas de la oposición
Socialistas y nacionalistas cargaron hoy en el pleno del Parlamento contra la "utilización política" de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu) por parte del Gobierno gallego, al que responsabilizaron de haber convertido el ente en un "instrumento de persecución" al servicio del PP. Frente a sus acusaciones, el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, replicó que la Aplu goza de "autonomía plena", "independencia" y "profesionalidade".
Así lo señaló en respuesta a una interpelación de la diputada del PSdeG Mar Barcón, quien recriminó a la Xunta que esté "levando a disciplina urbanística a un burato negro do que esperamos poida retornar algún día" y denunció la "manipulación continuada" de la agencia. Tanto ella como la diputada del BNG Teresa Táboas coincidieron en denunciar que la actuación actual de la Aplu presenta "discrecionalidade". "Todos son iguais ante a Aplu?", preguntó Barcón; a lo que respondió que "os amigos do PP" salen beneficiados.
En su interpelación, la parlamentaria socialista aludió a las polémicas urbanísticas de los ayuntamientos de Barreiros (Lugo) y Fisterra (A Coruña), y denunció el "desleixo" de la Xunta ante la disciplina urbanística, que pondrían al servicio "de intereses dos amigos dos amigos". Barcón ironizó con los presuntos casos de corrupción urbanística en la Costa da Morte señalando que "entre orquesta e orquesta, aparece o escándalo Traba
"Barreiros e Fisterra son illas no bo facer urbanístico", proclamó Táboas, mientras Barcón aludió también a casos como el de las viviendas del exmarido de la diputada Carmen Gallego y la del secretario general del PSdeG, Manuel 'Pachi' Vázquez. Al respecto, censuró la actuación del portavoz del PPdeG, Antonio Rodríguez Miranda, "que pasa a metade do tempo anunciando as inspeccións de Alfonso Rueda e a outra metade as dos falsos inspectores de vostede", señaló ante Agustín Hernández.
La diputada socialista instó al conselleiro a "poñer coto aos desmáns dos alcaldes do PP" y le recriminó que no sea "inflexible" ante casos de irregularidades como la urbanización de Raeiros de O Grove (Pontevedra). "Vostede está manipulando a norma", reprochó Barcón a Hernández, al que le recordó que "ía ser inflexible en Raeiros pero cand ao ver quen tiña casa alí foise flexibilizando". Sobre la Aplu, resumió que no aplica "nin lei nin orde".
En respuesta a las críticas, Agustín Hernández defendió que la Aplu "fortaleceuse como órgano dotado de independencia" y proclamó que "realiza todas as actuacións necesarias para velar pola utilización racional do solo". El conselleiro acusó a la oposición de practicar "demagoxia" en la materia y proclamó que sólo se derriban "as vivendas onde hai graves irregularidades ou teñen sentencias firmes".
Sobre el caso de Pachi Vázquez, aseguró que la actuación de la Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio --acusó al PSdeG de confundirla con la Aplu-- había sido "exquisita" y proclamó que la Xunta investigará "todo con transparencia, sin sectarismos e con profesionalidade". En esta línea, el diputado del PPdeG Román Rodríguez criticó la "estratexia de patada simple" que en su opinión aplican PSdeG y BNG. "Antes de falar con toda alegría, mírense no espello", les recomendó, calificando de "lamentable" que pretendan que la culpa de que "un faga unha mansión sen pagar impostos e tirando un trozo ás escondidas" sea de la Aplu.
SANCIONES
Por último, el conselleiro destacó el incremento de las actuaciones llevadas a cabo por la agencia el pasado año, así como las mejoras de los resultados de inspección y sanción. Entre los datos que expuso, señaló que la Aplu resolvió un total de 182 expedientes de reposición de la legalidad, lo que supuso un incremento del 54% respecto a los 118 de 2009. Además, informó de que el número de multas también aumentó, pasando de 253 a 299 (18%), al igual que el importe das multas coercitivas: 1,2 millones de euros en 2009 frente a los 1,4 de 2010 (+10%).
En las inspecciones del litoral, añadió Hernández, hubo también un "aumento notable", multiplicando por seis el número de expedientes sancionadores incoados y resueltos, mientras las multas coercitivas se incrementaron en un 145%, pasando de los 261.000 euros de 2009 a los 640.000 euros en 2010. Las consultas de la ciudadanía atendidas se elevaron en un 82%, pasando de las poco más de 4.000 atendidas en 2009 hasta las 7.400 del pasado año.