La Fegamp critica las "formas" de Política Territorial y exige un borrador del proyecto de protección del litoral

presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Xosé Crespo, aseguró en Compostela que no existe "nin acordo nin desacordo" con respecto al anteproyecto de Lei de Protección do Litoral, anunciado por María José Caride el pasado 21 de noviembre. Crespo manifestó que no desea "malas interpretacións" por parte de algunos alcaldes "que podan pensar que hai algún pacto". En este sentido, afirmó que no puede haber un posicionamiento de la Federación sobre las directrices de la ley ya que, a día de hoy, "aínda non temos o borrador". Criticó las "formas" del departamento que dirige María José Caride y precisó que "se concellos e Xunta imos da man, debemos ir para o bo e para o malo". Así, subrayó que sería "lóxico" que Administración autonómica facilitase la información necesaria "para que podamos formular unha opinión" y no enterarse "a través dos medios de comunicación". Así, en la reunión de la Ejecutiva de la Fegamp se acordó de forma unánime dirigirse a Política Territorial para mantener una reunión con María José Caride "o antes posible". En esa reunión, según destacó Crespo, se solicitará a la conselleira una explicación sobre las directrices del anteproyecto de Lei de Protección así como una copia del borrador. Una vez que la Fegamp cuente con la documentación necesaria, será estudiada por parte de los distintos grupos que conforman la Federación. Según Crespo se intentará "chegar a un consenso" y transmitir a Política Territorial propuestas para mejorar la normativa. Así, destacó que si fuera necesario, a la hora de estudiar la documentación, podrían citarse a los 77 alcaldes de los concellos del litoral gallego -8 en Lugo, 24 en Pontevedra y 45 en A Coruña-, como principales afectados de la nueva normativa. El presidente de la Federación destacó que "o máis importante" es que "as nosas opinións se teñan en conta" en un tema tan relevante como la protección del litoral. "Entendemos que os concellos debemos informar, aínda que o noso informe non sexa vinculante", concluyó. "Chivos expiatorios" Durante su intervención, Xosé Crespo pidió que, en el ámbito del urbanismo "non se demonice" ni se convierta en "chivos expiatorios" a los alcaldes y concejales, que son "os primeiros" en desear una mejora de la ordenación territorial y en la protección del territorio. "Levamos 2 anos piando por unha norma clara neste eido", precisó. Para Crespo, en la mala situación en la que se encuentra el urbanismo en Galicia, especialmente en la zonas costeras, "todos temos algo de culpa". No obstante recordó que es Política Territorial "a que ten que lexislar" y reiteró la dificultad que supone para los municipios actualizar su planeamiento urbanístico. De hecho, destacó que solo 10 de los 315 concellos gallegos tienen sus planes adaptados a la ley. Lei de Incendios En la reunión que mantuvo la Ejecutiva de la Fegamp se analizó también el borrador de la Lei de Incendios. En este punto, Crespo destacó que, por falta de tiempo y por el propio carácter complejo y "farragoso" del texto, no fue posible fundir en una sola, las propuestas de los distintos grupos que integran la Federación. No obstante, para no retrasar los trámites, este lunes se constituyó una comisión que está formada por dos miembros del PPdeG, un miembro del PSOE, un miembro del BNG y uno de los Independientes. Esta comisión, que mantendrá su primera reunión el próximo jueves, se encargará de aclarar determinados apartados del borrador que, según Crespo, "podrían entrar en conflito co eido competencial municipal", se realizarán enmiendas a los artículos y a continuación, se pasará el dictamen de la Federación a la Consellería de Medio Rural. En la rueda de prensa estuvieron presentes Manuel Lagares (portavoz del PSOE), Francisco García (en representación del BNG) y Xosé Luis García, por los Independientes. Todos ellos manifestaron su acuerdo con las palabras de Crespo así como su deseo por trabajar en la mejora de la ordenación territorial y por el "bo entendemento" con la Administración autonómica.