El PPdeG reclama un presupuesto adicional de 12,5 millones para superar el "colapso" de los servicios de Urbanismo de la Xunta

El PPdeG reclama una partida adicional de 12,5 millones para superar el "colapso" de los servicios de Urbanismo de la Xunta y completar tareas pendientes en esta materia. Así figura en las enmiendas parciales que el grupo de la oposicion presenta a los presupuestos para 2007 de la Consellería de Política Territorial. La portavoz de Urbanismo del PPdeG, Pilar Rojo, cifra en más de medio centenar el número de expedientes urbanísticos complejos que, a día de hoy, se acumulan en la Dirección Xeral de Urbanismo. Según manifiesta a través de una nota de prensa, falta un modelo definido en este sentido y la Consellería se limita a paralizar todos los expedientes, e incluso el desarrollo urbanístico de las áreas más boyantes de Galicia. Frente al argumento de que la saturación en esta dirección xeral es consecuencia de la situación heredada del anterior Gobierno, el PPdeG recuerda que el bipartito lleva año y medio de ejercicio sin medida alguna para resolverlo. El grupo popular también critica la reducción de ayudas para la redacción de planes urbanísticos y asegura que Política Territorial trata de ocultar su indefinición culpando a los concellos de todo. Enmarcan este repentino "celo urbanístico" en una estrategia global diseñada por la sede central del PSOE en Madrid, para distraer la atención sobre implicaciones no aclaradas de cargos socialistas. Por eso, el PPdeG destaca que, pese a los continuos intentos por criminalizar a los alcaldes 'populares', la única regidora condenada en Galicia por cuestiones urbanísticas es la ex alcaldesa de Cabanas, y que el ex alcalde socialista de Baiona tiene una sentencia con orden de derrumbe de su casa. En la nota de prensa, incluyen na lista de otras ocho irregularidades urbanísticas no atribuibles al PPdeG, como las de los concellos de Pontedeume, Corcubión, Oleiros, Betanzos, Cambre, A Coruña y Rianxo, algunos con alcaldes socialistas. Además, aseguran que el único presidente de Diputación imputado judicialmente por cuestiones urbanísticas es el de A Coruña, el socialista Salvador Fernández Moreda, y recuerdan que un concejal también socialista de Porto do Son está imputado directamente por el fiscal.