Caride confía en que el anteproyecto de Lei de Protección do Litoral entre en el Parlamento en febrero
La suspensión de actuaciones afectará a suelos urbanizables en la costa: el 13% de la franja de 500 metros
Política Territorial confía en que el anteproyecto de Lei de Medidas Urxentes en materia de Ordenación do Territorio e do Litoral entre en el Parlamento en el mes de febrero. Así lo manifestó este martes María José Caride, que explicó que en la actualidad este documento está ya en el Consello Económico e Social, que emitirá un informe para luego pasar el texto de nuevo al Consello da Xunta. Una vez se apruebe, será emitida al Parlamento por vía de urgencia, según Caride, que sostiene que en función del apoyo de los grupos parlamentarios su entrada en vigor será más o menor rápida. Por su parte, el Plan de Ordenación Litoral podría materializarse a lo largo de 2007. Respecto a las modificaciones que plantean respecto a la Lei 10/95, Caride aseguró que cuentan con el apoyo de la Fegamp, pues "creo recordar que non fixeron alegacións". Sobre la posibilidad de que Vivenda compre terreno y emprenda acciones de construcción vivienda protegida, incluso sin tener en cuenta al Concello, la conselleira de Política Territorial hizo referencia a que "seguro que Vivenda pretende lograr un maior grado de consenso e buscará a complicidade dos concellos" para ejecutar estas iniciativas. En lo que se refiere a la suspensión de actuaciones en la franja de los 500 metros de costa, Caride señaló que afectará a los suelos urbanizables de todos los municipios costeros así como a los suelos urbanos no consolidados de aquellas localidades con menos de 50.000 habitantes. Esto es, afectará al 13% del suelo urbanizable que existe dentro de esa franja de 500 metros en los 87 municipios del litoral (48 en A Coruña, 30 en Pontevedra y 9 en Lugo). Caride recordó que los concellos dispondrán de ayudas para elaborar sus planes de urbanismo adaptados a la legislación vigente. En total, Política Territorial destinará más de seis millones de euros para prestar ayuda a los municipios, especialmente a los más pequeños, para que se adapten a las normas. Una vez se vayan adaptando, concluirá la suspensión, por lo que la duración será variable en función de cada concello.