La Fiscalía de Barcelona ha pedido a la
juez que impute al secretario general de CDC, Oriol Pujol, por su
presunta vinculación con la supuesta trama de cargos públicos y
empresarios del sector de las ITV en Catalunya para la adjudicación
irregular de estas estaciones, han informado a Europa Press fuentes de
la Fiscalía.
Debido a que Pujol es diputado en el Parlament, y por tanto es
aforado, la titular del Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, Silvia
López Mejía, no tiene potestad para imputarlo y deberá remitir el caso
al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que es el
competente para adoptar esta decisión.
La petición de la Fiscalía ha llegado después de que un informe de
la Agencia Tributaria que forma parte del sumario situase al único hijo
del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol que se ha dedicado a la
política como "colaborador necesario" de la trama de las ITV.
Según consta en el sumario, Oriol Pujol es "el hombre encargado de
aportar influencia política" y de mediar para conseguir beneficios a
este grupo de empresarios.
Uno de los empresarios imputados en esta trama, Sergio Alsina, y
la esposa de Pujol, habían trabajado en la misma empresa, la consultora
industrial Alta Partners, y los investigadores sospechan que ella pudo
haber emitido presuntamente facturas falsas por conceptos genéricos.
Los imputados en este caso son el subdirector de Seguridad
Industrial, Isidre Masalles, Josep Tous, y tres empresarios del sector
de las ITV: Sergio Pastor, Sergio Alsina y Ricard Puignou.
Tras salir a finales de julio del año pasado este informe de
Hacienda que lo situaba como clave de la trama, Oriol Pujol defendió ser
inocente durante una comparecencia en el Parlament convocada para
defender a su partido de las acusaciones de financiación irregular a
través del Palau de la Música: "No soy ni colaborador ni necesario".
El político convergente aseguró que no había "montado" ninguna
empresa del sector de las ITV y que no tiene capacidad para responder de
las conversaciones de imputados en este caso que investiga la justicia
en las que su nombre aparezca citado.
MAPA DE ITV
Todo el caso parte de la reforma que hizo el tripartito del mapa
de las ITV catalanas, un mercado hasta el momento dominado por dos
empresas que gestionaban 44 centros, las dos de Applus+, que lanzó dos
concursos con dos lotes y tres estaciones cada uno, ganados por Atisae e
Itevelesa, con lo que el mapa de ITV alcanza las 50 estaciones.
El primer concurso lo recurrió Certio ITV ante un juzgado
contencioso administrativo porque consideró que se ha hecho mal, ya que
algunas de las condiciones se establecieron después de que las empresas
presentaran su oferta y la sala quinta del TSJC paralizó este concurso.
El magistrado ponente de aquél recurso fue Joaquín Ortiz,
investigado dentro de este mismo caso por reunirse en un almuerzo con
Ricard Puignou y los servicios jurídicos de la Generalitat.
Un segundo recurso, presentado por Oca, dificultó aun más que se
normalizara la situación del mapa de las ITV, este recurso, además, lo
resolvió el TSJC tumbando el decreto del tripartito que creaba un nuevo
diseño de este sector, dejándolo todo en el aire.
Es en este momento complicado cuando presuntamente estos empresarios habrían tratado de crear una nueva sociedad mediante la búsqueda de influencias políticas.