El abogado Ignacio Peláez, que defiende al
empresario José Luis Ulibarri imputado en el 'caso Gürtel', ha afirmado
este miércoles que cree que "estaba permitido por lo que se acordó en el
Ministerio de Hacienda" que los imputados en la trama de corrupción
pudieran regularizar su dinero a través de la Declaración Tributaria
Especial (DET), la denominada amnistía fiscal.
"En teoría eso estaba permitido legalmente. Ahora hay gente que no
le gusta y otras personas no estarán de acuerdo con esa decisión del
Ministerio de Hacienda de decidir esa amnistía fiscal. Pero que ahora se
quiera mezclar una cosa con otra... no lo acabo de entender. Yo creo
que eso estaba permitido por lo que se acordó en el Ministerio de
Hacienda", ha manifestado Peláez en declaraciones a la Cadena Cope,
recogidas por Europa Press.
Así se ha expresado el letrado de Ulibarri, después de que el juez
de la Audiencia Nacional (AN) Pablo Ruz haya preguntado a la Agencia
Tributaria si el presunto líder de la trama de corrupción 'Gürtel',
Francisco Correa, y otros 20 imputados en esta causa se han acogido a la
Declaración Tributaria Especial (DET), la denominada amnistía fiscal.
Al ser preguntado sobre si tiene constancia de que se haya
intentado regularizar dinero por parte de alguno de los imputados en la
trama 'Gürtel', Peláez ha contestado: "Yo sinceramente es que no lo sé.
No me consta y yo no llevo ese tema de mi cliente, pero no me consta.
Ahora, me resulta llamativo que se pida esto a esta hora. No sé, no lo
acabo de entender mucho".
Dicho esto, ha señalado que si el "dinero no tiene origen
delictivo" y las personas que quieren regularizarlo "no tenían
bloqueados sus bienes o no se ha acreditado que ese dinero o esos bienes
procedieran de haber hecho alguna operación ilícita", un imputado como
Correa, podría acogerse a la amnistía fiscal "legalmente", al igual que
una sociedad que no está siendo investigada porque si no, en este último
caso, "se va a criminalizar a cualquier persona".
CORREA Y OTROS 20 IMPUTADOS
Además de Correa, el juez Pablo Ruz pregunta por las declaraciones
tributarias realizadas por el número 2 de la trama, Pablo Crespo; el
exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo;
los exdiputados del PP en la Asamblea regional Alfonso Bosch y Benjamín
Martín Vasco; la exesposa de Correa, Carmen Rodríguez Quijano; y la
mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias.
El magistrado también se interesa por las declaraciones del
empresario José Luis Ulibarri; los exalcaldes de Boadilla del Monte
Arturo González Panero, Majadahonda Guillermo Ortega, Arganda del Rey
Ginés López, y Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda, todos del PP; el
exdiputado Jesús Merino; y el exconcejal en Boadilla José Galeote.
También figuran en esta lista el expresidente de Fadesa Fernando
Martín, César Tomás Martín Morales, Elena Villarroya, Manuel Salinas,
Amando Mayo y las sociedades UFC y Grupo Begar.