El titular del Juzgado de Instrucción
número 3 de Palma, José Castro, ha accedido a la petición cursada por el
sindicato Manos Limpias de cara a solicitar a la Agencia Tributaria que
compruebe si el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, la Infanta Cristina,
el exvicepresidente del Instituto Nóos Diego Torres y su mujer, Ana
María Tejeiro, se han acogido a la amnistía fiscal para regularizar
fondos supuestamente evadidos u ocultos.
Mediante una providencia dictada este martes, el magistrado ha
acordado asimismo oficiar a Hacienda para que le comunique las cuentas
corrientes, depósitos y activos financieros que puedan tener tanto
Urdangarin como su exnúmero dos al frente de Nóos, y con los que puedan
responder a la fianza de responsabilidad civil de 8,2 millones de euros
decretada contra ambos por el juez, después de que no hicieran frente al
pago de la misma.
En la misma resolución, el magistrado ha admitido a trámite los
recursos interpuestos por Urdangarin y Torres contra la caución, de
forma que será más adelante cuando el magistrado se pronuncie sobre los
mismos.
En lo que a la petición de Manos Limpias se refiere, la entidad,
personada como acusación popular en la causa, solicitaba como medio de
prueba que la Agencia Trubutaria acredite si todos ellos, al amparo del
Real Decreto Ley 12/2012 de 30 de marzo, se han beneficiado de la
amnistía fiscal "como personas físicas" así como por mediación de alguna
de sus sociedades.
Más en concreto, Manos Limpias, se refería a las empresas Nóos
Consultoría Estratégica, Intuit Estrategy Innovation Lab, Shiriaimasu,
Virtual Strategies, Aizoon -de la que Urdangarin es copropietario al 50
por ciento junto a su esposa-, De Goes Center For Stakeholder
Management, Blossom Hills, Instituto Nóos y la Fundación Deporte,
Cultura e Integración Social (FCDIS).
Así las cosas, el sindicato busca conocer si tanto los anteriores
imputados como la Infanta habrían procedido regularizar la situación
tributaria de capitales ocultos o evadidos, amparándose en la anterior
normativa, que contempla esta posibilidad a cambio de pagar un gravamen
especial, quedando así los contribuyentes exonerados de cualquier
penalización o sanción.
"INJUSTO EMPOBRECIMIENTO DE URDANGARIN"
En el caso del inicio de los trámites para embargar los bienes a
Urdangarin y Torres, el Duque consideraba que, en el caso de que
finalmente devenga firme la fianza de 8,2 millones, se vería abocado a
un "injusto empobrecimiento" y se produciría un "enriquecimiento
injusto" para los beneficiarios de la anterior cantidad.
En su auto de responsabilidad civil, al que tuvo acceso Europa
Press, el juez José Castro afirmaba que Urdangarin y Torres no son "los
únicos criminalmente responsables" en el marco de estas pesquisas, al
reprochar en este contexto el papel que desempeñaron las
Administraciones públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana y más en
concreto de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado.
En una resolución de 542 páginas, el magistrado llegaba a afirmar
que se limitaba a imponer la caución a Urdangarin y Torres "por
exigencia de congruencia" con las peticiones de la Fiscalía
Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias, al considerar que "deviene
imposible imaginar una disposición de fondos públicos en la que no
intervenga de una manera activa o pasiva quien tiene encomendada su
gestión".