La Fiscalía ha ratificado este martes, en
el juicio que se celebra en A Coruña por la marea negra del Prestigue,
que los daños por el accidente del petrolero ocurrido en noviembre de
2002 ascienden "a medio plazo" para España a 4.328 millones de euros, de
los cuales 2.439 millones corresponden a Galicia. Una cantidad que
alcanza los 4.442 millones de euros si se añaden los daños en el litoral
francés.
En la sesión de este martes, la profesora de la Universidade de
Santiago de Compostela (USC) María Loureiro ha presentado un informe
pericial a cargo de la Fiscalía titulado Coste económico y
medioambiental ocasionado por el hundimiento del Prestige.
En este análisis es en el que se basa el Ministerio Fiscal para
reclamar indemnizaciones por un importe de 4.442 millones, de los que el
Fondo Internacional de Indemnización de Daños por Contaminación de
Hidrocarburos (Fidac) ya ha abonado 114 millones.
La perito de la Fiscalía ha desglosado ante el tribunal la
repercusión de la catástrofe en los diferentes sectores, aunque ha
explicado que los cálculos se han hecho a medio plazo porque "a día de
hoy, no hay suficiente base científica y académica para establecer una
estimación a largo plazo".
Además, durante su exposición, ha señalado que en el caso de
Galicia los daños podrían ser "más elevados" por su "alta dependencia"
con el sector pesquero.
POR SECTORES
El informe atribuye las mayores pérdidas para el sector turístico
en España que, según ha cifrado Loureiro, rozan los 500 millones de
euros. También ha subrayado que las pérdidas en el sector pesquero en
España ascendieron a 205 millones, aunque ha precisado que hay que
sumarle otros 200 millones por la caída de reputación e imagen del
sector, lo que repercutió en sus precios.
Asimismo, Loureira ha cifrado la pérdida en el sector acuícola en
48 millones, al tiempo que ha destacado los 71 millones de pérdidas para
el sector industrial o a los 3,78 millones que supuso para el
transporte marítimo, según ha desglosado.
En cuanto a los daños en la salud en las atenciones a los
voluntarios que participaron en la limpieza de las playas, ha indicado
que ascienden a 5,5 millones, aunque advierte de que podría ser más
porque "hay estudios" que están detectando enfermedades que aparecen "a
la largo plazo" y que supuestamente estarían relacionadas con la
catástrofe.
CANTIDADES "DESPROPORCIONADAS"
Tras su intervención, en la que la perito también ha indicado que
las reclamaciones por daños civiles acreditados ascienden a 1.446
millones y el resto se incluye en daños medioambientales, el letrado del
Fidac, Mike Garteiz, ha indicado que aquellas cantidades adelantadas
por el Estado español deberían constar con carácter indemnizatorio y ser
descontadas de los fondos pendientes a repartir.
Sin embargo, la perito de la Fiscalía las califica como "ayudas
sociales". En cualquier caso, Garteiz ha cuestionado el método de este
informe y ha considerado "desproporcionadas" las cantidades reclamadas.