El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado al
presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro, a otros tres
directivos de la entidad y al grupo alimentario como persona jurídica
por falsear sus cuentas anuales y utilizar información relevante.
Así consta en un auto dictado este miércoles en el que el juez Ruz cita
a los imputados a declarar para los próximos días 1 y 2 de julio, se
declara competente para instruir esta causa y admite parcialmente a
trámite tres de las cuatro querellas presentadas contra los responsables
de la empresa.
Además de Fernández de Sousa-Faro, el
magistrado ha imputado al consejero Alfonso Paz-Andrade por los delitos
de falseamiento de información económico-financiera, falseamiento de las
cuentas anuales y uso de información relevante. Este último delito
también lo atribuye a los accionistas José Alberto Barreras y José
Antonio Pérez-Nievas y seis empresas accionistas de la compañía.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que acuerda
estas diligencias a petición de la Fiscalía Anticorrupción, también
rechaza en su resolución la intervención judicial de la empresa, al
considerar que está siendo sometida a un proceso de administración
concursal.
Ruz asegura que los administradores de Pescanova
"valiéndose de la información reflejada en las cuentas anuales (...) que
no se ajustaba a la realidad" proporcionaron públicamente una imagen
irreal de la situación económica de la empresa, lo que condujo a los
querellantes a adquirir paquetes de acciones.
De hecho, el auto
concreta que entre los meses de agosto de 2012 y enero de 2013 varios
analistas financieros recomendaron la inversión en estos valores en base
a estos datos falsos.
Los accionistas que han presentado las
querellas admitidas acusan específicamente a la entidad Sabadell BS
Bolsa FI de haber procedido a la venta masiva de títulos de la compañía
coincidiendo con una subida mientras aconsejaban la compra a sus
clientes "por lo que consideran que podrían haber utilizado información
reservada".
Ruz agrega que las cuentas anuales de los
ejercicios 2008, 2010 y 2011, los folletos informativos y otros informes
financieros "no reflejaban la imagen fiel" de la compañía como se
deduce del hecho de que sólo unos meses después su presidente comunicara
a la CNMV su decisión de no formular sus cuentas de 2012 y manifestara
sus dudas sobre la propia continuidad de la empresa. El pasado mes de
marzo quedó suspendida la cotización de la acción y en abril, Pescanova
solicitó la declaración de concurso de acreedores.
VENTA DE ACCIONES
Los querellantes denunciaron que algunos de los querellados vendieron
acciones de la multinacional pesquera antes de que su situación
económica se diera a conocer públicamente "con el fin de evitar pérdidas
en sus patrimonios personales y plenamente conocedores de la verdadera
situación económica de la entidad".
El magistrado explica que
la competencia corresponde a la Audiencia Nacional en aplicación del
artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que especifica
que corresponden a este tribunal "las defraudaciones y maquinaciones
para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir
grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía
nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el
territorio de más de una Audiencia".
Ruz ha citado a declarar
el próximo 1 de julio'como imputados a Fernández de Sousa y Paz Andrade y
a los representantes de Inverpesca S.A, Sociedad Anónima de Desarrollo y
Control, Sociedad Gallega de Importación de Carbones, Nova Ardara
Equities e Iber Comercio e Industria.
El 2 de julio
comparecerán en la Audiencia Nacional uno de los accionistas imputados
--Pérez Nievas-- y los representantes de Golden Limit S.L. Se
presentarán ante el juez como testigos José Carceller, Fernando Herce y
Francisco Javier Soriano.
El magistrado pide también en su
auto otras diligencias como la remisión de las comunicaciones efectuadas
a la CNMV y de las actas de dos reuniones mantenidas entre Pescanova y
el supervisor. Solicita a Unidad Central de Delincuencia Económica
(UDEF) un informe sobre las actuaciones del Sabadell BS Bolsa FI
relativas a la venta de acciones de la empresa.