Detenidos dos concejales de Gondomar y un arquitecto municipal por presunta corrupción urbanística
La operación que investiga el cobro de comisiones ilegales sigue abierta
La investigación iniciada por la Guardia Civil y dirigida por la Fiscalía de Delitos Urbanísticos de Vigo sobre el presunto caso de corrupción registrado en Gondomar continúa abierta. Cuatro personas fueron detenidas a última hora del miércoles por su presunta implicación en un delito urbanístico. Se trata de los concejales de urbanismo, Alejandro Gómez Garrido, Cultura, José Luis Mosquera, la compañera sentimental de este último y el arquitecto municipal. Al parecer, los agentes les seguían la pista desde hace varios días y consideraron probado que estos habían cobrado comisiones ilegales a cambio de favores urbanísticos. Concretamente, les imputan un delito de cohecho y tráfico de influencias, por lo que tendrán que prestar declaración en el Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo, que está al frente del caso, si bien hasta el momento los apresados permanecían en dependencias de la Guardia Civil a la espera de su puesta a disposición judicial. El seguimiento a los detenidos se inició hace días, aunque la operación se precipitó al presenciar una transacción económica entre los sospechosos. Fuentes próximas al caso no descartan que en los próximos días se efectúen nuevas detenciones tanto en el ámbito político como en el sector de la construcción, que se sumarían a las de los concejales de urbanismo y cultura, Alejandro Gómez y José Luis Mosquera, así como la pareja del segundo y el arquitecto municipal. Además, se da la circunstancia de que esta es la primera vez que llega a los juzgados gallegos un asunto de esta envergadura. Así lo confirman fuentes cercanas a la investigación, que destacan que hasta ahora se han seguido casos de delitos urbanísticos vinculados con la recalificación de terrenos (uno de los más frecuentes que se registraron hasta ahora), aunque no se habían detectado asuntos en los que la imputación contemple el cobro de comisiones ilegales a cambio de favores urbanísticos. El plan de urbanismo de Gondomar lleva una década inmerso en diferentes procesos judiciales. En 1997 fue aprobado por los votos a favor del PP y el BNG, si bien los socialista presentaron un recurso contencioso. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dio la razón al PSOE en 2001, por lo que anuló el plan. Esta resolución fue confirmada en 2005 por el Tribunal Supremo.