El PPdeG acusa a Vicepresidencia de "presionar" a los concellos para que se adhiriesen al Consorcio de Servicios Sociais
Losada recuerda que fueron los populares quienes diseñaron "una estrategia" para los ayuntamientos
El PPdeG acusó a la Vicepresidencia de la Xunta de "presionar" a los concellos para que se adhieran al Consorcio de Servicios Sociales con mensajes enviados por parte "de quen manexa os cartos" -en referencia a la Administración autonómica-. Así lo denunció la portavoz del Grupo Parlamentario del PPdeG, Marta Rordríguez Arias, durante su intervención en la Comisión de Sanidade, en la que el secretario xeral de Vicepresidencia, Antón Losada, compareció a petición propia para informar de la situación del consorcio de servicios sociales. De hecho, el propio Antón Losada recordó que fueron los populares los que diseñaron "unha estratexia" que la secretaria provincial del PPdeG, Maria Dolores Faraldo Botana, envió por fax a los miembros de las corporaciones municipales. Losada citó "textualmente" que en esos textos Faraldo indicaba a los concejales de los equipos de gobierno "que non levasen a votación" los estatutos del Consorcio de Servicios Sociales; mientras que a aquellos que estaban en la oposición les decía que "pedisen a retirada da posible votación" o que "votasen en contra" en el caso de celebrarse. En el turno de réplica, Rodríguez Arias tachó a la Vicepresidencia de "deixar entrever mala intención" de los 'populares' por "reclamar o dereito a rectificación" de los estatutos del consorcio. Por su parte, el secretario xeral de Vicepresidencia aseguró que "no se deben estar a facer tan mal as cousas" si están adheridos 78 concellos gobernados por el PPdeG de los 148 asociados, entre los que se encuentran Vigo y Ferrol -del PP- y Pontevedra, Santiago A Coruña y Lugo. El Consorcio Galego de Servizos Sociais, que Losada aspira a que "se convirta no Sergas" de este ámbito, gestionará 15 galescolas en el primer cuatrimestre de 2007, con la creación de 700 plazas y 14 centros de día con 600 plazas. Según dijo, constituye la fórmula de gestión que garantizará un "financiamento máis estable e menos arbitrario" que el anterior modelo, en el que las subveciones se concedían de forma discrecional.