Con el inicio del mes de abril, ha comenzado la temible campaña de la presentación del IRPF o, dicho de otra forma, la declaración de las rentas obtenidas en el ejercicio fiscal anterior, por cuanto se inicia proceso estatal en cuyo marco casi todas las personas y las empresas tienen (o deberían o debiesen) que declarar sus ingresos que obtuvieron durante el año pasado y pagar el impuesto correspondiente por dichas rentas.

Los grandes economistas del estado han fijado sus proyecciones recaudatorias que consideran recibir para el ejercicio 2015 sobre 3,3 millones de las autoliquidaciones presentadas por los contribuyentes de que declaren en España, con la entrada parcial en vigor de la reforma fiscal operada en el año 2014, en la que se anunció por los gobernantes populares, falsamente, la reducción de la carga impositiva.

Sin embargo, tal afirmación, carece de absoluta sinceridad por cuanto, desde la entrada en acción del gobierno del partido popular, la carga impositiva de los españoles ha sido aumentada indiscriminadamente respecto de la totalidad de los impuestos, para que posteriormente, en tiempos electorales, haya divulgado, a bombo y platillo, la bajada impositiva para los ciudadanos.

En resumen, las modificaciones del Impuesto de la renta han versado sobre un retorno a los tipos impositivos similares a los establecidos por el gobierno socialista de D. José Luis Rodríguez Zapatero(sin perjuicio del aumento de la presión impositiva para las clases medias y descenso pronunciado para clases altas), reducción de las retenciones a practicar para los ciudadanos (lo que ha permitido disfrutar mensualmente de ocho a diez euros más), y, en el Impuesto de Sociedades, una injustificada equiparación de las grandes empresas y pequeñas empresas al obligarlas a tributar al 20%, a sabiendas de las facilidades de aplicar todo tipo de deducciones fiscales y bonificaciones para las primeras mencionadas.

No debería olvidarse el lector, que el esfuerzo fiscal no finaliza con la presentación de los impuestos directos debiendo añadirse las constantes, temibles y obligatorias inspecciones, con sanciones, que sufren todos los españoles bajo el lema “lucha contra el fraude fiscal”, y los denominados impuestos indirectos, cuyo máximo representante, el IVA, reduce significativamente el consumo de numerosos hogares españoles.

Respecto de la primera afirmación podría traerse a colación, datos aportados por el gobierno gallego, el cual se enorgullece de haber aflorado más de 150 millones de euros de deuda no declarada, gracias a la infatigable labor de la Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA). Sin embargo, no debería olvidarse varias cosas, en primer lugar, que las competencias de comprobación e inspección fiscal sólo versan sobre los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, rondando 265.000 comprobaciones a contribuyentes gallegos realizadas, con la obtención de 110 millones de euros por las incorrecciones y ánimos defraudatorios de los gallegos, sin la contabilización de las sanciones impuestas. En palabras del titular de la Consellería Facenda, la campaña ha sido claramente un éxito al haber conseguido un “20% más de lo recaudado en el ejercicio anterior”.

Finalmente, podría indicarse que la bajada de impuestos tiene los días contados por cuanto el incumplimiento de la cifra de déficit desvelada estos últimos días, el gasto derivado de la más que probable repetición de elecciones, las grandiosas promesas de aumento del gasto público por todos los partidos políticos y el abandono de control del gasto político, no hace sino temer el más que probable incremento para los próximos ejercicios.

Carlos Mallo