Según los recientes datos publicados por el Ministerio de Interior, las elecciones celebradas el pasado 20 de diciembre de 2015 ha costado al Estado Español, y, por ende, de forma coactiva, al conjunto de los españoles la friolera cantidad de 130.244.505 euros, que fueron bien recibidos y utilizados por todos los partidos políticos para sus grandes actos políticos, marketing y publicidad política, pago de sueldos y salarios de dirigentes y simpatizantes, subvenciones nominativas, etc. El resultado de lo anterior no ha sido sino el paso del tiempo entre llamadas, pactos y el fracaso de una embestidura previamente anunciada a Don Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Sin embargo, deben hacerse diferentes puntualizaciones por razón de la chapucera realidad a la que asistimos, toda vez que en un escenario de grave crisis económica y social, con unas cuentas públicas en dificultades y la prestación de servicios públicos deficitarios para con los ciudadanos, es ilógico que 558 personas elegidas por los ciudadanos no hayan podido ponerse de acuerdo para la formación de un gobierno estable.

¿Cuál es el efecto esperado? Aquel que se preveía desde el conocimiento de los resultados desde diciembre, la ineludible repetición de elecciones, percepción clara para la totalidad de los ciudadanos, con la salvedad de los políticos que siguen esperando al cumplimiento del plazo legal para iniciar su nueva andadura. Cualquier intento de negociación posible ha sido infructuoso por razones no fundamentadas ni explicadas más allá de quién del culpable en sí.

Las posibilidades han sido numerosas. La gran coalición es una utopía, el nombramiento de un gobierno presidido por un personaje independiente es una osadía, los pactos entre Ciudadanos y el PSOE esperanzas quebradas por la falta de apoyo, el teléfono público de algunos está apagado o sin cobertura y el ansiado gobierno progresista y reformista más bien una pesadilla irreal.

El futuro que se atisba no es otro que el nuevo gasto en la celebración de elecciones para la consecución del mismo resultado, por lo que la nueva melodía volverá a sonar con el mismo ritmo, compas y tiempos. Las escasas posibilidades de modificación del resultado electoral y la posterior formación de gobierno carecen de repercusión para todos los políticos, que repetirán lugar y puesto. Es más, al gasto antes mencionado deberá incrementarse en función de los escasos sueldos, salarios y demás percepciones cobradas por nuestros diputados y senadores, por cuanto su actividad se reduce a pocas intervenciones, debiendo añadirse el gasto público no interrumpido por un gobierno en funciones sin rendir cuentas ningún órgano ni institución estatal. En consecuencia, los cálculos no pueden ser más claros para aquel que desee ver las cifras, por lo que no sería prudente ni admisible la repetición de elecciones en los mismos términos que las anteriores, con los mismos actores y sin limitación (o suspensión) de las partidas públicas para la repetición de la cita electoral.

No obstante, no deberá olvidar nunca el lector que la incoherencia personal y social es el principio fundamental que reina en nuestra democracia por lo que cualquier intento de raciocinio es tarea imposible, las estrategias de los diferentes políticos son ampliamente conocidas por lo que el resultado ante las mismas no presenta desconocimiento, en cuyo caso, las (urgentes) acciones a adoptar deberían ir encaminadas en una verdadera regeneración democrática, defensa real de sus programas políticos y recuperación de la confianza perdida de los ciudadanos.

La susceptibilidad de todos los actores políticos ha quedado más que demostrada por cuanto sería necesario un cambio de aspirantes al puesto con el objeto de reconquistar el ansiado voto disipado, tal y como, la sustitución de figuras cuyo ciclo político hace bastante tiempo que ha terminado (como, por ejemplo, Don José Crespo Iglesias o Doña María Rita Barberá Nolla, entre otros).

La más que obligada y excusada repetición debería implicar una previa reflexión política global tendente a la reducción de los costes para la misma, renovación de los partícipes y consecución de un consenso real para la formación de un gobierno estable para la legislatura que comience, sin perjuicio de quién pronuncia estas palabras comprende manifiestamente el irrealismo defendido, por lo que, mi consejo estaría encaminado a la obtención de un consenso en el momento actual con la premisa del menor coste para con los ciudadanos españoles. Por tanto, a la pregunta de ¿Repetición de Elecciones?, mi negativa es tajante por el futuro inamovible en el reparto de escaños y descenso de recursos públicos para tal operación.

Carlos Mallo