Un 18% de paro en nuestro país frente a un 10% de desempleo en Francia.
No parece coherente ni justo que la ciudadanía española tenga que soportar estos altos niveles de paro. Al mismo tiempo la lista de morosos es de 4.549, según los datos de Montoro. Que exista una deuda fiscal de 15.400 millones de euros es preocupante. Con este dinero se podrían pagar salarios sociales o prestaciones y renta universal básica a millones de desempleados durante un tiempo.

De todos modos, es evidente que el Gobierno no debería permanecer indiferente ante estas cifras de paro. El desempleo juvenil es muy alto en el territorio español.  

Entre los ninis y los jóvenes sobradamente preparados que no encuentran un trabajo digno y de calidad está aumentando la salida de personas hacia otros países en busca de un futuro laboral. El trabajo basura que no da para vivir es frecuente.

La precariedad y la temporalidad cercenan las posibilidades de emprender una existencia racional a mucha gente que no se merece esto. Todos los ciudadanos están amparados, teóricamente, por los principios constitucionales y los derechos humanos.

Que muchos trabajadores, especialmente jóvenes, tengan que trabajar jornada completa por 400, 500 euros o cantidades similares es una vergüenza.

Si el ejecutivo no es capaz de crear puestos de trabajo a un ritmo más rápido, lo que corresponde es que redistribuya muchas más ayudas económicas a los parados que las necesiten hasta que encuentren trabajo. Algo que hacen en Bélgica, por ejemplo.

No es suficiente con decir que España mejora. Las personas no pueden esperar años y años para comenzar su proyecto vital de un modo mínimamente estable y crear una familia. Se necesita un salario o unos ingresos suficientes facilitados por trabajos de verdad.

Cuatro millones de parados son algo excesivo. Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos, dice que “Cada país debe seguir su propio camino en función de sus condiciones”. España necesita, a mi juicio, reformas muy profundas en la normativa laboral. Los contratos indefinidos debían ser mucho más abundantes en comparación con los temporales. Debería haber un control mucho más minucioso de las empresas para que no se cometan abusos respecto a los trabajadores o empleados.

Resulta curioso, como mínimo, que, por ejemplo, la industria hotelera cree empleos a un ritmo del 8%, y en este sector los salarios, según dicen, caen el 3%. No parece nada razonable de ser cierto. Lo lógico sería lo contrario. Y esto mismo se puede plantear respecto a cualquier empresa que aumenta y crece.

La gente no puede esperar. La igualdad de oportunidades brilla por su ausencia desgraciadamente. La meritocracia ha desaparecido. Muchos trabajos no se dan a los más preparados sino a los que tienen mejores contactos.

La desigualdad campa a sus anchas. También sucede con las lista de espera en Sanidad. Existen unas diferencias brutales en los tiempos de espera de una Comunidad Autónoma respecto a otra. Y esto es claramente inconstitucional.

Si queremos remediar este tipo de situaciones injustas es necesaria una nueva legislación laboral racional y sobre todo que se aplique realmente, en beneficio de los trabajadores y emprendedores.

Los empresarios pueden ser apoyados con incentivos y ventajas, pero con condiciones: deben pagar sueldos justos y propiciar un buen ambiente laboral, entre otras cosas. La persecución del beneficio no lo justifica todo. La explotación en el trabajo debe ser suprimida por completo. La economía sumergida es un lastre que debe desaparecer por el bien de todos los que componemos la sociedad española. Para que haya más justicia social. Los contratos por horas y días deberían ser algo excepcional y no habitual para determinadas empresas.

José Manuel López García