Activar el estado de excepción es otra posibilidad abierta.

Ante el incumplimiento de algunas normas legales y de parte de las sentencias de los tribunales en Cataluña  y el desafío independentista en marcha parece que restan pocas opciones. Si la suspensión de la autonomía a través de la aplicación del artículo 155 puede ser compleja por los trámites existe la ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio.

Ya que el gobierno autonómico catalán está dando sobradas pruebas de incumplimiento de las leyes y de los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, en lo relativo al uso del español en los centros educativos catalanes.

El ejecutivo ya baraja la posibilidad de aplicar el estado de excepción. Y que lo sepan en el Consejo de Venecia está bien, ya que es una prueba más de la legitimidad que posee un estado democrático para preservar el orden legal existente. Puesto que los planteamientos de los independentistas no dejan lugar a dudas. 

Aunque parezca mejor, en principio, la vía del artículo 155, si por falta de tiempo no puede ser aplicada, el Gobierno posee otros procedimientos legales que puede poner en marcha para superar una situación muy grave. El motivo por el que puede aplicarse el estado de excepcionalidad es evidente: “cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo”. Se puede asistir al desgajamiento progresivo de la unidad española, si se permite la creación de la república catalana, puesto que a continuación el País Vasco podría pretender ser un estado independiente, también Galicia, Andalucía, etcétera. Sería el fin del estado español después de más de 500 años.

El uso proporcionado de la fuerza es legítimo. Respetando, claro está, el ordenamiento legal y los principios y derechos. Simplemente, la participación de las fuerzas de seguridad policiales podrían lograr que se respetaran las leyes y las sentencias judiciales.

Y, si no fuera suficiente, siempre está disponible el Ejército para mantener el cumplimiento de las normas y el correcto funcionamiento institucional en  el territorio de Cataluña. Por supuesto, con el respeto a los derechos individuales. 

Está claro que podría haber puestos armados. El derecho es coercitivo. Ante los delitos se puede usar la fuerza, de modo proporcionado y coherente y con unas garantías que se derivan de los derechos o normas en vigor.

Lógicamente, este escenario que estoy trazando parece apocalíptico, pero, por desgracia, puede llegar a ser necesario, si no se va a tolerar la separación a la fuerza de Cataluña.

Más de la mitad de la ciudadanía catalana está satisfecha de ser española. Gran parte de los empresarios en Cataluña no están de acuerdo con la creación de una república catalana independiente. En pocos meses se sabrá el desenlace de este reto secesionista. Veo dos resultados posibles: uno es que se celebre un referéndum sin peso político y sin consecuencias  y otro que se inicie un proceso unilateral de independencia en toda regla, y que sea prácticamente imparable, ya que sería una cuestión de hecho. Y sería muy difícil de reconducir a la situación política anterior.

José Manuel López García