Una renta mínima es necesaria para las personas que realmente la precisan.

Se pueden poner requisitos o condiciones para garantizar que este tipo de prestación se da a los ciudadanos que están en situación económica extrema o en estado de exclusión social por no disponer de ingresos mínimos para poder vivir dignamente. Por razones humanitarias y de justicia social es entendible que el Estado se ocupe de mantener un mínimo nivel de bienestar, al menos, para los sectores de población afectados por la cronificación del paro y por otras circunstancias socioeconómicas muy negativas.

La tramitación de unos ingresos mínimos para las familias sin recursos ha sido aprobada en el Congreso y es algo, a mi juicio, razonable. Y, si es preciso subir el IVA  tres puntos, habrá que hacerlo. Lo que no deber ser es que un millón y medio de ciudadanos pasen hambre y no puedan vivir decentemente. Aunque se tenga que subir un 20% el IRPF. Pero, si se piensa en el fraude fiscal y en otros tipos de engaño al Estado, considero que no haría falta tanta subida de impuestos. El coste de la renta básica sería de 15.000 millones de euros anuales y la corrupción supone una pérdida anual de 40.000 millones de euros al año. Sobran las palabras. Se deben poner más medios para reducir sustancialmente el dinero que pierde el Estado por las prácticas corruptas y dedicarlo a fines sociales como los representados por la renta básica.

Soy partidario de una renta mínima para los que de verdad la necesiten. Varios países europeos están pagando esta prestación mínima de ingresos: Suiza, Reino Unido, Noruega y Alemania  y no han quebrado, porque aplican un control adecuado y una administración política y económica coherente de su coste. España puede hacer algo similar.

El sistema de bienestar de España no puede despreciar a un millón y medio de ciudadanos y dejarlos abandonados a su suerte, porque no sería un auténtico Estado que garantice una adecuada calidad de vida algo reconocido y garantizado por la propia Constitución. Ya dice en el preámbulo el texto constitucional: “asegurar a todos una digna calidad de vida”. Aunque sea expresado en relación con el progreso económico y cultural. Lo sustancial del planteamiento constitucional está muy claro en este aspecto. Es de sentido común, por otra parte, que el Estado vigile para que no exista fraude o engaño en la percepción de estos ingresos mínimos. Y, si una parte de los españoles se preguntan ¿Por qué tienen que trabajar para los pobres? una de las posibles respuestas es fácil de decir: porque cualquier persona puede llegar a serlo, por desgracia, en el mundo en el que estamos viviendo, que es el de un neocapitalismo feroz y despiadado. Es, en el fondo, lo que planteaba Rawls que era un gran filósofo político. En consecuencia, es preciso que las decisiones políticas tengan en cuenta que la posición original de la que parten todos los individuos en la sociedad no es la misma.  El Estado tiene que compensar los grandes desequilibrios producidos por el sistema capitalista neoliberal que existe en la actualidad.

Pensar que el mismo sistema económico y laboral será el que compense el esfuerzo y el mérito es no saber que la macroeconomía y los intereses del gran capitalismo  no consideran las penalidades de los más necesitados. Además, la microeconomía es también muy importante, porque es la expresión de la realidad social.

Por tanto, si se quiere vivir en un auténtico estado de bienestar está claro que no se debe aceptar que existan personas sin medios económicos mínimos para poder vivir dignamente. Los políticos, sean del partido que sean, me parece que tienen que pensar en todos los ciudadanos, por una razón de justicia social.

José Manuel López García