Los profesores son autoridad pública en Asturias y en otras Comunidades Autónomas de España. Es indudable que la responsabilidad de la educación de los hijos recae legalmente en los padres. No se puede delegar.
 
Es obligación de los padres educar adecuadamente a sus hijos para que tengan buen comportamiento y educación cuando asistan  a los centros educativos. Los docentes no tienen que  ejercer de padres de los alumnos. No es su labor.
 
Y se está perdiendo por parte de algunos estudiantes que entorpecen la tarea de enseñar con su falta de consideración y con su carencia de unos mínimos modales y saber estar en las aulas.
 
Por supuesto que una de las funciones de cualquier enseñante es mantener el orden en clase con distintos procedimientos y técnicas, pero se les paga por enseñar y formar y no por ejercer de vigilantes o policías, con conductas inadecuadas, como el comer chucherías, escuchar música, impuntualidad, llamar en voz alta a un compañero, comentarios inoportunos a voz en grito, levantándose de su sitio sin permiso del profesor, incluso humillando a su profesor, comportamientos groseros y desconsiderados.
 
Ya no tienen miedo a la amenaza del suspenso, porque hasta los padres, en ese caso, se ponen en contra del docente. Un cierto número o porcentaje de padres y madres probablemente deben esforzarse en no ser permisivos y excesivamente tolerantes con las malas actitudes y conductas de sus hijos, ya que los convierten en seres caprichosos que no obedecen a nadie y que se saltan las normas de conducta a cada momento.
 
Y si es preciso estar sancionando y tomando medidas para que no molesten, interrumpan y falten al respeto a los profesores, no parece que esa sea la mejor solución  y la más racional pensable. Si es, en cambio, la que se puede aplicar en vista de lo que sucede en ciertos casos y situaciones.
Se está perdiendo el respeto y esto es algo socialmente reconocido por  psicólogos, sociólogos, etcétera. Y también dicen que el 90% de la responsabilidad de los malos comportamientos de los adolescentes son los padres. Así de claro y contundente.
 
Si desde pequeños se permite a los niños prácticamente todo, no debe extrañar que cuando se hagan mayores se transformen en una especie de tiranos intratables y maleducados.
 
Pero los docentes tienen difícil arreglar por si mismos la situación, porque la autoridad académica está cada vez más devaluada, y a la hora de imponer sanciones, ha de hacerlo la jefatura de estudios y dirección.
 
Uno de los fundamentos o de las bases de toda formación es hacer posible unas actitudes buenas, respetuosas y cordiales. Y esto se puede conseguir. Si los alumnos parten de la confianza en sus docentes y los respetan, ya se ha logrado poner las bases de los avances en el camino del conocimiento y de la excelencia.
 
También es cierto que la mayor parte de los adolescentes se comportan bien, porque han recibido una buena educación en su casa. Y esto sin poner en cuestión que algunas conductas también son explicables por razones psicológicas que conocen los expertos en comportamiento.
 
En la sociedad del conocimiento y de la era digital los padres tienen que ser conscientes de que los estudiantes deben obediencia a las instrucciones e indicaciones de sus profesores, ya que saben lo que es mejor para la buena marcha del proceso de aprendizaje de los adolescentes.
 
No se debe cuestionar el saber hacer y los conocimientos de los docentes. La figura del profesor no debe ser menospreciada, ya que se precisan miles o decenas de miles de horas para que se forme con todo lo que esto supone de esfuerzo, constancia, dedicación y entrega a su trabajo. Si a esto se añade también las miles de horas de experiencia docente y las decenas de años en muchos casos de experiencia impartiendo clase se puede decir que casi sobran las palabras o las explicaciones.
 
La falta de obediencia y el desprecio a la autoridad de los profesores, es algo muy negativo  que está ocurriendo y no se tiene en cuenta que los docentes son autoridad pública. De hecho, si se calumnia, injuria, insulta o amenaza a policías, esto es un desacato, que indudablemente es delito, considero que de igual manera se debe de aplicar a los profesores, que son funcionarios públicos también por la razón anteriormente expuesta.
 
La implantación de la LOGSE supuso sin duda un enorme avance social al alargar la escolaridad obligatoria hasta los 16 años, pero a pesar de sus muchos aspectos positivos, no ha funcionado como se esperaba. Por tanto considero que en la educación se debe de hacer una reforma importante en muchos sentidos, para ello todos debemos poner de nuestra parte.

Conchi Basilio