Malos tiempos para los Autónomos. A la crisis sanitaria, con un elevado coste en vidas humanas, se suma la crisis económica motivada por las decisiones políticas en forma de limitaciones y restricciones a la movilidad y actividad. 

Ahora, el gobierno prepara un nuevo sablazo al bolsillo de los Autónomos, con el anuncio de un sistema de cotización al RETA en función de los ingresos, y que hará que más de un millón de Autónomos (una tercera parte del total), que ganan entre 20.000 y 30.000 euros al año, vayan a ver incrementada su cotización. De manera obligatoria.

En paralelo, se anuncian planes de control específicos sobre la actividad de los Autónomos, supuestamente para prevenir el fraude (el gobierno considera a los Autónomos, defraudadores) que pretenden convertir a asociaciones, gestorías, colegios profesionales y demás, en chivatos de la Administración, de manera que un Asesor empresarial pasará a ser un Asesor del gobierno, pero pagado por la empresa.

A todo lo dicho, añadimos la subida de la luz, el impuesto al diésel (combustible de los Autónomos), la subida del IVA de las bebidas azucaradas, o de los plásticos, la eliminación de las bonificaciones de los planes de pensiones privados, la posible eliminación de la deducción por tributación conjunta en el IRPF, la subida del IRPF, PATRIMONIO, SUCESIONES Y DONACIONES, EL IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS, la tasa Tobin, la tasa Google, la implantación de un peaje para circular por autovías y carreteras, en fin, suma y sigue. En fin, un auténtico infierno se avecina sobre las empresas y los Autónomos, que todavía resistimos a la crisis, de manera heroica y gracias al colchón de los ertes y en algunos casos, de la prestación por cese de actividad, que además obliga a los beneficiarios a continuar de alta. Todo ello, mientras seguimos esperando las ayudas directas tantas veces prometidas y qué de momento, brillan por su ausencia.

La próxima aprobación de un sistema de cotización por ingresos es la puntilla final a un proceso que viene de años atrás. La imposición como obligatorias de la cotización por las contingencias profesionales (accidente de trabajo y enfermedad profesional); la posterior obligación de cotizar por el cese de actividad o paro de los Autónomos son hitos de un proceso de desnaturalización que comenzó en 2007, con la promulgación de la LEY DEL ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO y ha continuado mediante la paulatina obligatoriedad de contratar nuevas prestaciones con la Seguridad Social, con las consiguientes subidas de las bases de cotización mínimas y por tanto, de las cuotas sociales, que merman la capacidad económica del colectivo, ya que tiene que pagar al Estado una cantidad cada vez mayor, quiera o no. Además, se ha restringido la libertad de los Autónomos para escoger la base de cotización entre la mínima y la máxima, atendiendo a criterios de edad (mayores de 47 años) o la forma jurídica (Autónomo societario); también se ha convertido, “ley riders mediante” a miles de Autónomos en asalariados, obligándoles a ser empleados, paso inmediatamente anterior a ser enviados al paro.

La cotización por ingresos es una vuelta más de tuerca en el proceso de eliminación de la libertad de tomar decisiones y autogestionarse que caracteriza a los Autónomos, que se ven obligados por ley a contratar todas esas nuevas coberturas con la Seguridad Social, aumentando los pagos y eliminando recursos que el Autónomo podría emplear libremente, por ejemplo, en planes de pensiones, en seguros privados con menor coste u otro tipo de inversiones productivas.

El Régimen de Autónomos desaparecerá irremediablemente, en breve plazo, al menos en su espíritu, que no era otro que dotar de libertad a unos profesionales que se sienten libres e independientes y que son, además de mayores de edad, capaces e inteligentes para decidir el mejor empleo que han de dar a los recursos que ellos mismos generan. Un régimen para tiempos de libertad, qué además fomentaba la responsabilidad y el ahorro, desparecerá para ser sustituido por un apéndice del Régimen General, donde el Autónomo es tratado como un menor de edad o un incapacitado mental y en el que todo se lo queda el Estado, que reparte las migajas. Eso sí, por el bien del Autónomo.

La FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA expresa su más enérgico rechazo a todas las medidas que se vienen implementando y las que se anuncian y que, si no lo remediamos, van a provocar, en primer lugar, el aumento de la economía sumergida y en segundo lugar, la pérdida de miles y miles de Autónomos, que arderán en el infierno que se anuncia.

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