La educación formal en España se enfrenta a un problema creciente de falta de disciplina en los institutos. Cada vez es más frecuente que los docentes se vean desbordados por la conducta disruptiva de ciertos alumnos, mientras que algunos equipos directivos, a menudo, se muestran reticentes a imponer sanciones de manera inmediata y efectiva, incluso en algunas ocasiones, parece que dan más credibilidad o simplemente por no contradecir o disgustar a los padres, de esa forma dejan en mal lugar a los docentes. Esta falta de acción genera una sensación de impunidad entre los estudiantes conflictivos y somete a los profesores a una presión psicológica insostenible. Porque algo imprescindible es que para mandar o dirigir, hay que saber, y lo que se está demostrando es que algunas personas, no están preparadas para dirigir un instituto. 

Es fundamental comprender que cuando un profesor redacta un apercibimiento por mal comportamiento, no lo hace de forma arbitraria. Se basa en hechos concretos y en su criterio profesional. Además, la ley reconoce la presunción de veracidad del profesorado, lo que significa que sus afirmaciones tienen un peso legal que no debe de ser puesto en duda sin pruebas sólidas. Sin embargo, en la práctica, muchos alumnos recurren a la mentira para evitar consecuencias, lo que ralentiza y entorpece los procesos disciplinarios. Pero no puedo dejar de mencionar que, algunos padres, pueden ser aún peor que sus hijos, resultando una lucha interminable. 

Los equipos directivos deben asumir su responsabilidad y reforzar la imposición de sanciones de forma inmediata y contundente. No basta con justificar la inacción alegando un exceso de conflictividad o falta de recursos, si esto es así, lo correcto sería solicitar al Ministerio de Educación lo necesario, ya que desde un sillón de despacho no se quieren ver los errores existentes en la práctica. 

La prioridad debe ser la protección del derecho a la educación de la mayoría del alumnado, que sí cumple con las normas y que, sin embargo, ve afectado su aprendizaje, por unos pocos estudiantes disruptivos. 

Uno de los problemas más graves es que las sanciones, cuando se imponen suelen tener un efecto temporal muy limitado. Un alumno sancionado puede modificar su conducta durante unos pocos días, pero rápidamente vuelve a reincidir. Se crea así un círculo vicioso en el que los profesores redactan partes de disciplina una y otra vez, sin que esto se traduzca en mejoras reales. Esto no solo desgasta emocionalmente al profesorado, sino que refuerza la percepción de que las normas pueden ser incumplidas sin consecuencias reales. 

Para abordar este problema, es imprescindible establecer medidas eficaces, entre las que destacan:  

.- Mayor contundencia en la aplicación de sanciones 

.- Aulas de convivencia obligatorias en todos los institutos. Estas aulas permitirían que los alumnos más conflictivos continúen con sus tareas, sin perjudicar al resto de la clase. Si es necesario, deberían existir dos o más aulas de este tipo en los centros con mayor índice de conflictividad. 

.- Supervisión del trato diferencial entre alumnos y profesores. Se ha observado que algunos alumnos alteran su comportamiento según el docente con el que interactúan, mostrando respeto solo ante aquellos que pueden sancionarlos de manera inmediata, especialmente a los que forman parte del equipo directivo. Esto genera una desigualdad que debe corregirse. 

La educación no puede convertirse en una batalla constante entre docentes y alumnos con mal comportamiento. Si se quiere garantizar un entorno de aprendizaje adecuado, es imprescindible que los equipos directivos asuman su papel con firmeza y tomen medidas disciplinarias efectivas sin dilaciones ni excusas, pero también que se defienda más al profesorado, que son los que padecen más directamente los problemas, que por desgracia cada vez van a peor. Solo así se podrá restablecer la autoridad del profesorado y devolver a los institutos la estabilidad que tanto necesitan.

Conchi Basilio